¿Cuánto costó frenar la crisis por la llegada masiva de cayucos a las costas de Canarias que comenzó en el 2006 y que no terminó de atajarse hasta el 2012? ¿Dónde fueron a parar las riadas de millones de euros que los Gobiernos de Rodríguez Zapatero, primero, y luego de Mariano Rajoy entregaron a las autoridades de Mauritania y Senegal, los principales puntos de partida de las barcazas con destino al archipiélago? Imposible saberlo, pese a que aquel dinero no provenía de fondos reservados y, en teoría, debía estar fiscalizado.

Pudo acabar perfectamente en los bolsillos de los mandatarios de países africanos. El Tribunal de Cuentas, en un duro informe fechado hace seis semanas y solo referido al 2012, revela que la Administración no justificó más de 13 millones entregados a las autoridades de Senegal. Es más, Interior ni siquiera hizo amago de pedir al Ejecutivo de Dakar explicaciones sobre en qué había empleado esa última remesa millonaria que acabó con la crisis de los cayucos.

A principios del 2013, el departamento que ya dirigía Jorge Fernández sacó pecho. La inmigración clandestina hacia Canarias casi había desaparecido. Los datos de la presentación de PowerPoint en las pantallas del Ministerio del Interior daban buena cuenta del éxito: de los 31.678 inmigrantes subsaharianos que llegaron a las islas en el 2006 se había pasado solo a 173 en el 2012.

Detrás de las estadísticas estaba el dinero enviado en «subvenciones directas» a Mauritania y a Senegal. En total, según el Tribunal de Cuentas, Interior entregó en manos a ambos países 13.135.000 euros. Fue la partida 16.a, destinada, en teoría, a «sufragar los gastos en que incurren los Gobiernos mauritanos y senegalés en el mantenimiento del despliegue de recursos humanos y materiales con el fin de reforzar la vigilancia de la costa y prevenir la inmigración irregular con destino a España».

Falta de control
Pero nadie comprobó donde iba ese dinero. La concesión de esa subvención preveía que fuera el consejero de Interior de la embajada de España en Dakar el que «valorara las actuaciones y los resultados obtenidos» y que recopilara los documentos justificativos sobre el combustible de las patrulleras, las dietas de los agentes y demás gastos. «Sin embargo, los informes adolecieron de deficiencias que dificultaron el seguimiento y control de la subvención», afirma el tribunal, que reprocha sin ambages que el Gobierno ni siquiera pidiera esas facturas por valor de más de 13 millones.

El Tribunal de Cuentas se despacha a modo al narrar las numerosas irregularidades y la falta de supervisión de Interior sobre aquel dinero. La embajada de Dakar se dedicó a hacer vagos informes bimensuales saltándose las exigencias administrativas de seguimiento.

Y pese a eso, Interior fue autorizando más y más subvenciones a pesar de que de los «informes que acompañaban la justificación del gasto» no se podía inferir si quiera cuánto dinero real se había gastado.