El Tribunal de Cuentas desvela que la Administración no justificó 13 millones de euros entregados a las autoridades de Senegal en 2012
¿Cuánto costó frenar la crisis por la llegada masiva de cayucos a las costas de Canarias que comenzó en 2006 y que no terminó de atajarse hasta 2012? ¿Dónde fueron a parar realmente las riadas de millones de euros que los Gobiernos de Rodríguez Zapatero primero y luego de Mariano Rajoy entregaron a las autoridades de Mauritania y Senegal, los principales puntos de partidas de las barcazas con destino al archipiélago? Imposible saberlo, a pesar de que aquel dinero no provenía de fondos reservados y, en teoría, debía estar fiscalizado.
Ese dinero pudo acabar perfectamente en los bolsillos de los mandatarios de países africanos. El Tribunal de Cuentas, en un duro informe fechado hace seis semanas y solo referido a 2012, revela que la Administración no justificó más de trece millones entregados a las autoridades de Senegal. Es más, que el Ministerio del Interior ni siquiera hizo amago de pedir al Ejecutivo de Dakar explicaciones sobre en qué había empleado esa última remesa millonaria que acabó con la ‘crisis de los cayucos’.
A principios de 2013, el departamento que ya dirigía Jorge Fernández sacó pecho. La inmigración clandestina hacia Canarias prácticamente había desaparecido. Los datos de la presentación de PowerPoint en las pantallas del Ministerio del Interior daban buena cuenta del éxito: de los 31.678 inmigrantes subsaharianos que llegaron a las islas en 2006 se había pasado solo a 173 en 2012.
Detrás de las estadísticas estaba el dinero enviado en “subvenciones directas” a Mauritania y, sobre todo, a Senegal. En total, según el Tribunal de Cuentas, Interior entregó en manos a ambos países – y en especial a las autoridades de Dakar – 13.135.000 euros. Fue la partida 16.a, destinada, en teoría, a “sufragar los gastos en que incurren los gobiernos mauritanos y senegalés en el mantenimiento del despliegue de recursos humanos y materiales con el fin de reforzar la vigilancia de la costa y prevenir la inmigración irregular con destino a España”.
Pero nadie comprobó dónde iba realmente ese dinero. La concesión de esa subvención – apunta el órgano fiscalizador – preveía que fuera el consejero de Interior de la embajada de España en Dakar el que “valorara las actuaciones y los resultados obtenidos” y que ese alto funcionario también recopilara del Ministerio del Interior senegalés los “documentos justificativos” sobre el combustible de las patrulleras, las dietas de los agentes y “demás gastos”. “Sin embargo, los citados informes adolecieron de diversas deficiencias que dificultaron el seguimiento y control de la subvención”, afirma el tribunal, que reprocha sin ambages que el Gobierno ni siquiera pidiera esas facturas por valor de más de trece millones de euros. “El centro gestor en ningún momento solicitó al consejero de Interior la ampliación de la información remitida para poder llevar a cabo las actuaciones de control”, apostilla el informe.
NUMEROSAS IRREGULARIDADES
El Tribunal de Cuentas se despacha a modo al narrar las numerosas irregularidades y la falta de supervisión de Interior sobre aquel dinero. La embajada de Dakar se dedicó a hacer vagos informes bimensuales saltándose las exigencias administrativas de seguimiento. En ninguno de los cuatro informes que remitió sobre el dinero que se estaba entregando “se realizó ninguna valoración de las actuaciones y resultados obtenidos por las subvenciones concedidas”. Eso sin contar con que aquellos informes remitidos a Madrid incluían gastos que ni siquiera coincidían con el “periodo objeto de justificación”; que esas facturas no se podían fiscalizar, cuando existían, porque ni siquiera correspondían a conceptos “homogéneos”; que los gastos más importantes (los de combustible de las patrulleras) en la mitad de las ocasiones no estaban “justificados” o “no eran coincidentes con los importes previstos, sin que se haya acreditado el motivo de dichas diferencias”.
Pero aún hay más. El Ministerio del Interior fue autorizando más y más subvenciones a pesar de que de los “informes que acompañaban la justificación del gasto” no se podía inferir si quiera cuánto dinero real se había gastado porque en todos esos informes se afirmaba que se estaba usando una “pequeño remanente” de anteriores ayudas, “cuyo importe no se indicaba”.
Ante esta situación, el Tribunal de Cuentas se declara impotente para aclarar dónde terminaron finalmente esos millones de euros y se emplearon en lo que establecían los acuerdos. No hay forma de saberlo porque, tal y como denuncia el organismo, las “justificaciones” que elaboró Interior ni siquiera “recogían los criterios de eficacia y eficiencia” de esas subvenciones.