Este 20 de junio, día del refugiado, nos hace una pregunta sustancial, ¿control o protección?, ante el sobrecogedor sufrimiento de millones de refugiados, desde Líbano hasta Kenia, desde el mar de Andamán al Mediterráneo, que reclama un cambio radical en la forma en que el mundo aborda el problema de los refugiados.

En la fecha del 4 de diciembre del año 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el día 20 de junio como Día Mundial del Refugiado, haciéndolo coincidir con el aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, que fue concebida para dar respuesta a la situación de refugiados de la Segunda Guerra Mundial. Según esta Convención, un refugiado es una persona que se encuentra fuera de su país de nacionalidad o de residencia habitual por un fundado temor de persecución a causa de su raza, religión, nacionalidad o pertenencia a un grupo social o político, y no puede o no quiere acogerse a la protección de su país, ni regresar a él.

Este año, la conmemoración del Día Mundial del Refugiado se torna diferente ante el nuevo rostro que están tomando los desplazamientos forzosos en el mundo y los trágicos acontecimientos ocurridos en aguas del Mediterráneo en este último periodo de tiempo. La representante de ACNUR en España, Francesca Friz – Prguda, afirmaba al presentar en mayo el Informe ‘Tendencias de Asilo 2014: niveles y tendencias en los países industrializados’, que estamos alcanzando «el número de desplazados en el mundo más alto desde la Segunda Guerra Mundial».

En 1999, los países de la Unión Europea acordaron crear un Sistema Común de Asilo Europeo basado en la aplicación de la Convención de 1951 relativa al Estatuto de los Refugiados. En la primera fase de este trabajo se desarrollaron unos criterios comunes que garantizaran un trato más uniforme a los solicitantes de asilo y refugiados de la Unión Europea, y se establecieron dos disposiciones – conocidas como las normativas Dublín II y Eurodac – en donde se decidía qué país de la UE debía responsabilizarse de cada caso de asilo. Este trabajo continuó en 2004, pero con unos objetivos drásticamente distintos, pasándose de un sistema de protección de refugiados a unas políticas orientadas al freno y al control de la inmigración irregular. No obstante, las nuevas propuestas de la Comisión Europea sobre asilo y reasentamiento suponen un cambio positivo a la hora de afrontar la crisis global de los refugiados. John Dalhuisen, de Amnistía Internacional, afirma que «si se aplica bien, un programa de reasentamiento de toda la UE administrado centralmente podría reducir el número de refugiados que emprenden estas peligrosas travesías». El mes de junio nos trae una nueva noticia respecto a los planes recogidos en la Agenda Europea de Migración: España y una decena de países d la UE rechazan las cuotas que ha propuesto la Comisión Europea y quieren cambiar los criterios de distribución entre los 28 de los 40.000 demandantes de asilo llegados a las costas griegas e italianas desde el pasado abril.

Esta negativa puede acabar echando por tierra el pequeño avance introducido por la Unión Europea en materia de refugiados. Casi la mitad de los países con derecho a voto reclaman que el mecanismo de reparto de los demandantes de asilo sea voluntario, lo que ha llevado a bloquear la propuesta del Consejo Europeo hasta, al menos, después de verano. El razonamiento es que la política migratoria debe depender de cada Estado miembro y que la Comisión no debe imponer ningún tipo de cuota. Como vemos, la cuestión acerca de la acogida a refugiados está candente, pues no hay nada cerrado. Lo que sí está claro es que el mapa de los desplazamientos humanos en todo el mundo está cambiando y ha de llevarnos a una reflexión crítica y profunda a las personas que trabajamos con los colectivos más vulnerables y en defensa de los derechos humanos.

Es nuestra responsabilidad repensar permanentemente nuestra acción y exigir a los responsables políticos desarrollar sistemas nacionales justos para evaluar las solicitudes del estatuto de refugiado y garantizar que los refugiados tienen acceso a servicios básicos, como la educación y la atención sanitaria; el compromiso de reasentar colectivamente en los próximos cuatro años al millón de refugiados que necesitan actualmente reasentamiento; la creación de un fondo global para los refugiados que cubra todos los llamamientos humanitarios de la ONU para crisis de refugiados y proporcione apoyo económico a países que acogen a gran número de refugiados, y refrendar de forma real el convenio a asilo y refugio de la ONU, pues de contrario, como indica Amnistía Internacional en su Informe ‘La crisis de refugiados Mundial: una conspiración para el abandono’, «estamos condenando a millones de refugiados a una existencia insoportable y a miles de personas a la muerte al no proporcionarles protección humanitaria esencial».