El gobierno de Gandia decidió ayer suprimir una de las medidas que más polémica generó durante el gobierno de Arturo Torró, en la pasada legislatura. La alcaldesa Diana Morant aseguró que dejará de investigarse «a los ciudadanos no comunitarios que decidan empadronarse en Gandia».

La socialista aseguró que se ha tomado esta decisión al tratarse de una medida «ilegal y discriminatoria». Desde el gobierno local recordaron que para los populares era «un requisito previo» remitir el documento de identificación» de extranjeros para a la Policía Nacional para comprobar sus datos.

Con esta decisión, precisó Morant, el Ayuntamiento de Gandia cumple con las recomendaciones hechas en 2013 y en 2014 por el Síndic de Greuges y el Defensor del Pueblo, quienes instaron, en sendas resoluciones, a cesar «en esa práctica administrativa y se procederá a dar de alta en el padrón a quien lo solicitara sin más trámites que los exigidos en el artículo 16 de la LRBRL».

Desde el gobierno recordaron que para incluir a un extranjero en el padrón, la normativa sólo exige que se aporte «el documento de indentificación original del vecino y una fotocopia».

Pese a todo, aseveró la alcaldesa, hay constancia de que después de las recomendaciones del Síndic y del Defensor, se ha seguido llevando a cabo esta práctica en Gandia. Morant dijo que las administraciones tienen que dar ejemplo y cumplir la Ley.

Desde el Partido Popular lamentaron que el PSPV tome este tipo de decisiones y el edil Víctor Soler afirmó que Morant «abre la puerta al empadronamiento masivo en Gandia». El popular quiso hacer memoria y dijo que cuando gobernaron los socialistas en la Ciudad Ducal, antes de 2011, «llegaban a Gandia autobuses desde Almería llenos de gente para empadronarse ante la ausencia de controles».