Organizaciones internacionales de defensa de los niños pidieron hoy a las autoridades dominicanas y haitianas que eviten una crisis humanitaria tras finalizar ayer el Plan de Regularización para Extranjeros en la República Dominicana y que se garanticen los derechos de los menores inmigrantes.

Asimismo, calificaron de “preocupante” la posibilidad de que sean deportados menores de edad por sus rasgos faciales y color de piel.

El Plan de Regularización para Extranjeros, calificado como el “más ambicioso” en materia migratoria en el país, se puso en marcha junto a la Ley especial de Naturalización, que venció el 1 de febrero, tras una polémica sentencia del Tribunal Constitucional de septiembre de 2013, que establece los parámetros para adquirir la nacionalidad.

El Plan supuestamente debe beneficiar principalmente a haitianos indocumentados y a sus hijos.

En una rueda de prensa, representantes de Coalición ONG por la Infancia, Plan International, Save the Children y World Vision en República Dominicana y Haití instaron a los gobiernos de ambos países a adoptar las medidas necesarias para evitar una crisis humanitaria y que protejan los derechos de los niño y adolescentes sujetos de deportación.

Las organizaciones recordaron datos de la Primera Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI – 2012), avalada por la Oficina Nacional de Estadísticas, que revela que en la República Dominicana residen 524.632 personas extranjeras, de las que el 87,3 % son haitianas.

Esas entidades recomendaron aplicar el Protocolo de Entendimiento sobre Mecanismos de Repatriaciones, firmado por República Dominicana y Haití en 1999, y que lo complementen con pautas especiales que brinden mayores garantías para la protección de la niñez de acuerdo con la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ratificada por ambos países.

Asimismo, garantizar el respeto a la dignidad de la niñez en los cinco centros de acogida que el Gobierno dominicano ha dispuesto como primer punto de llegada para la verificación del estatus migratorio de las personas antes de su deportación definitiva.

A la vez, instaron a las autoridades a continuar el proceso de diálogo, involucrando a representantes de la sociedad civil de los dos países, y garantizar el plazo concedido para que las personas inscritas completen sus expedientes, sin ser deportadas.

Al mismo tiempo, garantizar los derechos fundamentales, como el acceso a agua potable, alimentación, salud, educación e instalaciones recreativas y sanitarias adecuadas para los niños y garantizar la protección contra la violencia física, verbal o agresiones sexuales durante este proceso.

También dar apoyo psicológico y emocional a los niños y a sus familias en los procesos de regularización y deportación.

Igualmente, garantizar el derecho a la nacionalidad a los niños que nacieron en la República Dominicana o que llegaron con sus padres, pero que no consta en ningún registro oficial, para evitar el riesgo de queden como apátridas.

Por último, las entidades se comprometieron a trabajar junto a las familias y a los gobiernos para que se garanticen los derechos de la niñez durante este proceso.