España repite en la cola de Europa en la protección de los perseguidos políticos. Las graves crisis internacionales en Siria, Irak o Ucrania no han hecho cambiar la política de cierre de fronteras a esas personas. Casi no llegan perseguidos en busca del estatuto de refugiado político porque saben que no hay apenas tradición en su acogida, y el Ministerio del Interior casi no concede el ansiado estatuto a los pocos que lo solicitan. En el 2014 solo 384 personas consiguieron en España esta condición. Las cifras son del informe anual presentado ayer por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), un documento que dibuja con estadísticas una realidad incontestable: España ni ha sido ni es tierra de promisión para los asilados. De hecho, en los últimos 30 años ha recibido menos peticiones de protección que Alemania solo el año pasado. Desde 1984 en territorio nacional se han presentado 180.580 expedientes reclamando ayuda frente a las 202.645 personas que en el 2014 pidieron quedarse en suelo germano.

De las 626.065 solicitudes de protección internacional presentadas en la UE solo 5.947 se formularon en España el pasado año. O lo que es lo mismo, menos del 1 % de los perseguidos que entraron en la UE recurrió a España. Y de estos desplazados, solo 384 consiguieron que el Gobierno reconociera que eran refugiados políticos. Aun así es la cifra más alta de los últimos años. Más del doble que en el 2008 cuando España solo dio el estatuto a 151 solicitantes. El Gobierno concedió otras formas de «protección subsidiaria», diferentes a la figura del refugiado, a 1.199 solicitantes, cifra récord en las dos últimas legislaturas y casi diez veces mayor que en el 2008, cuando el Ejecutivo socialista de entonces dejó residir en España a 126 perseguidos sin estatuto de refugiados.

En el 2014, el 56 % de los peticionarios de protección fueron rechazados por la administración, y quedaron en condición de inmigrantes en situación irregular y, por tanto, susceptibles de ser devueltos a sus países de origen.
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El estudio de CEAR revela un cambio de tendencia en el origen de los perseguidos fruto de los dos de los más importantes conflictos en la periferia de Europa, la expansión del Estado Islámico y la guerra en Ucrania. La nacionalidad con más solicitantes en el 2014 fue la siria con 1.679 personas, muy por encima de los 19 peticionarios que se registraban en el 2011 y más del doble de los 725 expedientes de ciudadanos de esta nacionalidad que se presentaron en el 2013 cuando ya había estallado la guerra entre el régimen de Bashar al-Asad y los grupos islamistas radicales. El caso de Ucrania es muy parecido con 946 peticionarios durante el año pasado. Una cifra desconocida en España, que en los últimos años solía recibir entre cuatro y ocho expedientes de nacionales de ese país.A distancia de Siria y Ucrania están también otras nacionalidades: malienses (620), argelinos (309), palestinos (209), nigeriarnos (161), paquistaníes (144) o somalíes (126).
Madrid, provincia con más demandas

La distribución geográfica de los perseguidos políticos en España fue muy dispar. Seis provincias (o ciudades autónomas) estuvieron el pasado año por encima de las cien peticiones de protección: Madrid (1861), Barcelona (690), Melilla (539), Valencia (473), Ceuta (392 y Málaga (221). En el otro extremo se situaron otras diez provincias en las que solo se presentaron entre 0 y 3 reclamaciones de refugio.Estas fueron Badajoz, La Rioja, Avila, Cuenca, Ourense, Tarragona, Segovia, Palencia, Teruel y Pontevedra. El informe de CEAR incluye también estadísticas sobre las entradas «irregulares» a Ceuta y Melilla entre las que hay numerosos solicitantes de protección.