Dos importantes oenegés, ariete del activismo social en Catalunya contra los desahucios, han elaborado una demoledora radiografía sobre las consecuencias del pinchazo de la burbuja inmobiliaria y la crisis hipotecaria. El documento, Emergència habitacional a Catalunya, ha sido presentado esta mañana en Barcelona por sus impulsores, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y el Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Estas dos entidades han tenido la colaboración del grupo de investigación Emigra de la Universitat Autònoma de Barcelona y del proyecto Sophie, financiado por la UE para investigar cómo afectan las políticas estructurales a las desigualdades en materia de salud.

El informe, de más de cien folios, subtitulado “el impacto de la crisis hipotecaria en el derecho a la salud y los derechos de los niños”, destapa el lado más oscuro de la precariedad laboral y las ejecuciones hipotecarias. Y lo hace no sólo con estadísticas oficiales y datos de organismos públicos, sino también con entrevistas a 905 personas, responsables de 822 menores, con las “vidas hipotecadas”.

El Institut d’Estadística de Catalunya, el equivalente autonómico del Instituto Nacional de Estadística (INE), sostiene que en el 2014 el número de hogares catalanes con todos los miembros en paro fue de 327.600. De ellos, 200.000 no tenían ni una sola fuente de ingresos, agotadas todas las prestaciones.

El Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de la magistratura, reconoce que entre el 2008 y el 2014 en Catalunya hubo 54.520 desalojos, la cifra líder en España, sólo por detrás de la Comunidad Valenciana. Este problema explica que se haya disparado el número de afectados por la “inseguridad residencial y las infraviviendas”, al igual que la ocupación de pisos vacíos y el realquiler de habitaciones en las que viven familias de hasta cuatro o más miembros.

Así consta en el informe, en el que han participado voces autorizadas como las de Carme Borrell, directora de l’Observatori de Salut Pública de Barcelona; Aina Gallego, experta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas; y el doctor en Antropología y profesor universitario Bálint Ábel Bereményi.

La Generalitat anunció la semana pasada un acuerdo con 28 entidades municipalistas y sociales para crear antes del 2016 un parque público de 40.000 viviendas destinadas a familias vulnerables. Pero para alcanzar niveles medios europeos, Catalunya tendría que tener al menos 440.000 pisos sociales, según los activistas antidesalojos. Y no hace falta construir más. El INE detectó en el 2011 casi 450.000 pisos vacíos en Catalunya.

No se trata de amedrentar a los pequeños inversores inmobiliarios o a los propietarios de segundas residencias, sino de “actuar sobre las viviendas desocupadas en manos de entidades financieras”, como piden los autores del documento. También recomiendan evitar los desalojos por motivos económicos, promover el alquiler social y garantizar los realojamientos.

Otros consejos insisten en la necesidad de ayudas para las familias con menores y una ley “de segunda oportunidad” para que los desahuciados no se queden sin casa y endeudados de por vida. El origen del problema, denuncian los autores de Emergència habitacional a Catalunya, no está exclusivamente en el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, sino que viene de mucho más lejos, debido a “la falta de políticas orientadas a facilitar el acceso a la vivienda de las personas desfavorecidas”, por lo que piden a las autoridades que se pongan las pilas.

Organismos independientes, como la Síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, se han pronunciado recientemente en el mismo sentido. Otra institución libre de toda sospecha ha elaborado un informe muy crítico sobre las repercusiones de la crisis. La fundación Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada, creada por Cáritas en 1965, denuncia que “ha aumentado un 50% el número de personas en situación de exclusión social en España”.

El documento de esta organización caritativa y humanitaria vinculada a la Iglesia católica, el séptimo de estas características, que se acabó en octubre del 2013, alerta de que “el 20% de la población y el 15% de la clase trabajadora están en situación de pobreza”. Si no se invierte la actual tendencia, “podemos entrar en un proceso de desintegración social”.

Los contratos basura y los bajos salarios permiten que el empleo ya no sea una garantía contra la pobreza, añaden la PAH y el Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La precariedad laboral hace insostenible el sobresfuerzo económico de muchas familias para mantener su vivienda. “O comemos o pagamos el alquiler (o la hipoteca)” es una frase habitual en las reuniones de los activistas contra los desalojos.

Quienes sufren este problema no son porcentajes. Son personas normales y corrientes, como cualquier lector de esta web. Personas como Angie y Adrián, como Mamen y José. O como Julio, Ainhoa, Cristina y Yolanda, cuyas penalidades se explican en el informe. La patología de salud que ellos y sus hijos presentan es inacabable. Angustia, ansiedad, depresión, trastornos emocionales, ataques de pánico, tristeza, fatiga, insomnio, baja autoestima, migraña recurrente, hipertensión arterial, bajo rendimiento escolar…

Los detractores podrían sospechar que este panorama es tendencioso, exagerado o con poco rigor científico. Pero Emergència habitacional a Catalunya apoya sus informaciones y sus denuncias en la Unicef, la OMS, la Cruz Roja, la red de centros de salud mental de Catalunya, el Instituto de Investigación Médica de Barcelona o la fundación del hospital Sant Joan de Déu, entre otras muchas instituciones.

La situación es especialmente grave en el caso de los menores. Es un “círculo vicioso”, dice la Unicef. “Mientras ellos sean pobres durante más tiempo, más aumentan las posibilidades de que este drama se repita cuando crezcan y a su vez sean padres”.