Se rascaban el bolsillo para conseguir un falso contrato de trabajo con el que regularizar su situación en España o cobrar el paro. La Policía Nacional ha asestado un duro golpe a nivel nacional a una red acusada de defraudar casi 800.000 euros a las arcas públicas a través de empresas ficticias. La operación se saldó con la detención de 85 personas, entre ellos seis marroquíes, integrantes de una misma familia, que presuntamente lideraba la trama.

En Murcia, la Policía arrestó a cinco marroquíes que supuestamente pagaron a la red por esos falsos contratos. Según reconocieron algunos de ellos a los investigadores, llegaron a pagar hasta 1.700 euros a la organización por ese alta en la Seguridad Social que, en tres de los casos, les permitió regularizar su situación en España. Otros dos detenidos emplearon supuestamente ese contrato para cobrar el subsidio por desempleo – de 2.000 a 3.000 euros – . La Policía Nacional ya ha dado orden a la Oficina Única de Extranjería de Murcia para que revoque la regularización de estos inmigrantes .

La organización desmantelada en esta operación, desarrollada en 16 provincias, estaba formada por miembros de una misma familia de origen marroquí, asentada en Navarra. Según informaron fuentes del cuerpo, los supuestos trabajadores pagaban entre 1.200 y 1.700 euros por la compra de un contrato de esas empresas ficticias, y unos 300 euros por cada uno de los meses que permanecieron dados de alta en la Seguridad Social.

El objetivo era que personas extranjeras pudieran solicitar autorización para residir en España u obtener subsidios y ayudas sociales por desempleo. Los investigadores llevaron a cabo un seguimiento exhaustivo de las operaciones que realizaban siete empresas, que habrían dado de alta en la Seguridad Social de forma indebida a trabajadores extranjeros. Estas compañías estaban ligadas a labores de limpieza y de recogida de residuos, pero también de labores agrícolas. Dando de alta a estos trabajadores extranjeros, se regularizaba su situación administrativa en España o se permitía que obtuvieran ilegalmente diversas prestaciones sociales. Todo ello sin que se realizase actividad laboral real alguna por parte de las personas contratadas en dichas empresas.

Los investigadores estimaron que, desde septiembre el año pasado, la organización habría defraudado casi 800.000 euros a la Seguridad Social.

Las pesquisas se iniciaron tras un informe de la Inspección de Trabajo en el que se constataba que las supuestas empresas habrían generado una deuda a la Seguridad Social de 242.726 euros, a lo que había que añadir las prestaciones obtenidas de manera fraudulenta por los supuestos trabajadores tras cesar su actividad con la empresa, que ascenderían a 537.905,52 euros. Al parecer, los falsos empresarios crearon dos sociedades, una dedicada a la limpieza y otra a la recogida de residuos sólidos no peligrosos, en las que dieron de alta a un número importante de trabajadores.

La estrecha colaboración existente entre la Inspección de Trabajo, la Tesorería de la Seguridad Social y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado ha permitido destapar en los últimos cinco años 188 ‘empresas fantasma’ en la Región ligadas principalmente a la construcción, la agricultura y la limpieza, pero también a tareas tan dispares como la venta ambulante de globos o la limpieza de botas. En el último lustro la cifra de detenidos por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado por participar de estas estafas supera los trescientos.