Los ministros europeos de Interior abordarán este martes por primera vez la propuesta de la Comisión Europea (CE) para repartir entre Estados miembros a 40.000 demandantes de asilo llegados a Italia y Grecia desde el pasado 15 de abril, con más de una decena de delegaciones en contra de la medida.

El Ejecutivo comunitario presentó el pasado 13 de mayo su nueva estrategia sobre inmigración, en la que incluyó la propuesta de las cuotas de asilo como medida de urgencia para afrontar la llegada masiva de personas a las costas europeas a través del Mediterráneo.

La idea de Bruselas es activar un mecanismo de emergencia ya previsto en los tratados comunitarios que forzará a los Estados miembros a acoger durante los próximos dos años a 40.000 sirios y eritreos, que necesitan protección internacional, sobre la base de criterios como el PIB, la población, la tasa de desempleo y el esfuerzo ya realizado por el país de acogida en el pasado.

Este primer paso para institucionalizar la solidaridad se afianzaría a finales de año, cuando la Comisión tiene previsto presentar una propuesta legislativa más general para regular el reparto de demandantes de asilo en la UE.

La República Checa y Hungría rechazan cualquier sistema de reubicación de solicitantes de asilo, mientras que el Estado español, Portugal, Polonia, Croacia, Eslovenia, Bulgaria, Estonia, Eslovaquia, Rumanía, Lituania, y posiblemente también Letonia, tienen problemas con el carácter obligatorio que la CE quiere imponer a la medida.

Alemania, Estado francés, Malta, Chipre, Suecia, Austria, Holanda, Bélgica y Luxemburgo figuran entre los socios favorables a la propuesta de la Comisión, aunque todos consideran que habría que introducir algunos cambios antes de darle el visto bueno.

«La propuesta tal y como la presentó la CE solo la apoyarían Italia y Grecia», reconocen fuentes comunitarias.

El consejo de este martes no será más que una primera toma de contacto en la que no se espera ninguna decisión formal sobre la medida, aunque sí servirá para que las delegaciones expongan sus preocupaciones y sienten las bases para empezar a moldear la propuesta original de la CE.

«Nuestro objetivo es llegar a un acuerdo sobre la necesidad de este mecanismo (de reparto de demandantes de asilo) y sobre la urgencia con la que se necesita este mecanismo», señalan fuentes diplomáticas citadas por Efe.

Reconocen también que aún hay muchas cuestiones abiertas en relación a los criterios para el reparto y que se necesitan directrices políticas para desarrollar el trabajo técnico.

Otras fuentes diplomáticas apuntan a la posibilidad de que los países contrarios a la medida de la CE puedan formar una minoría de bloqueo si solicitan la aplicación del antiguo sistema de voto ponderado en el consejo en lugar de la doble mayoría del Tratado de Lisboa, una posibilidad prevista en las normas hasta 2017 para facilitar la transición.

«No creo que cuando estamos hablando de presiones migratorias enormes y de salvar vidas lo primero que haya que discutir es si podemos formar una minoría de bloqueo o no», afirman fuentes del Consejo.

Tras la reunión de este martes, los países tendrán diez días para transformar la propuesta de la Comisión en una fórmula que permita el consenso antes de que se reúnan los jefes de Estado y de Gobierno de la UE en Bruselas los próximos días 25 y 26 de junio.