A finales del siglo XIX el Gobierno canadiense puso en marcha un programa, que duraría casi cien años, para someter a los hijos de las etnias locales a un proceso de asimilación forzosa. Cerca de 150.000 niños fueron arrancados de sus familias y enviados a las denominadas ‘escuelas residenciales’. Durante la aplicación de ese plan para convertirlos en «verdaderos canadienses», cerca de 6.000 escolares murieron y muchos sufrieron casos de maltrato y abuso sexual, según las conclusiones de un informe presentado la pasada semana. La mayoría de los centros estaban gestionados por órdenes religiosas católicas y protestantes.

El multiculturalismo es una seña de identidad del Canadá moderno que busca la integración de sus ciudadanos evitando la asimilación. Los esfuerzos de los últimos años han ido por ahí, pero no siempre ha sido así. La violencia contra los indígenas es una de las páginas más negras de ese país en el que no todos los estamentos parecen dispuestos a realizar una purificación de la memoria. Muchos años antes de que llegara el explorador Jacques Cartier, con la Biblia en una mano y el mosquete en la otra, y fundara Nueva Francia con una gran cruz ante los iroqueses, las tribus nativas habitaron en aquel territorio. Es el caso de los primeros pueblos indígenas. Luego llegaron los inuits y surgieron los metis, principales víctimas del ‘genocidio cultural’ que se practicó de manera sistemática para lograr el desarraigo de la cultura nativa. A los pequeños se les prohibió el uso de su idioma, la práctica de su religión y el estilo de vida tradicional.

La Comisión para la Verdad y Reconciliación de Canadá emitió la pasada semana en Ottawa un informe sobre la historia de racismo en el país, en el que se recogen testimonios de unas 7.000 personas que sobrevivieron al sistema de residencias escolares. La investigación, dirigida por el juez indígena Murray Sinclair, concluyó que fue «un intento sistemático y concertado para extinguir el espíritu de los pueblos aborígenes, un «genocidio cultural», un término que las autoridades canadienses no aceptan, al considerar que se trata de un documento «inspirador», fuera de la realidad.

El informe relata que durante sus más de 100 años de existencia –desde 1883 hasta 1996 cuando fue cerrada la última residencia–, cerca de 150.000 niños indígenas fueron internados en contra de los deseos de su familias en establecimientos situados a centenares de kilómetros de sus hogares. En los centros, en su mayoría gestionados por instituciones religiosas, los niños sufrieron castigos físicos y abusos sexuales y psicológicos de forma rutinaria. Al menos 6.000 de ellos murieron en los internados por malnutrición, enfermedad o por los propios abusos. La investigación asegura que en muchos casos los cuerpos fueron enterrados en fosas comunes y no se comunicó el fallecimiento a sus familias. También se denuncia que entre los años 1940 y 1950, las autoridades canadienses utilizaron a los niños en experimentos médicos.

En vísperas de la presentación del informe, una marcha por la reconciliación recorrió las calles de la capital canadiense, en la que caminaron junto a los indígenas inuits y metis muchos ciudadanos católicos, convocados por el arzobispo de Ottawa, presente también en la marcha. Monseñor Terrence Prendergast publicó una pastoral para entonar el ‘mea culpa’ sobre el papel de la Iglesia católica –también la anglicana estuvo involucrada– en el proceso de ‘cristianización’. «Reconocemos que tenemos una responsabilidad moral en lo que sucedió, además de arrepentirnos por estos errores», escribió el prelado, que expresó el deseo de la Iglesia de «colaborar con las comunidades aborígenes para construir un futuro compartido en el respeto recíproco».

Grabado que muestra la llegada del explorador Jacques Cartier a Nueva Francia (Canadá)

La Comisión para la Reconciliación y la Verdad de Canadá solicitó al Papa Francisco que emita una disculpa por el papel jugado por la Iglesia católica en el abuso «espiritual, cultural, emocional, físico y sexual» sufrido por los niños indígenas. En 2009 Benedicto XVI ya manifestó su dolor por la «deplorable conducta de algunos miembros de la Iglesia, que no puede tolerarse en la sociedad», en el transcurso de un encuentro con el Gran Jefe de la Asamblea de las Primeras Naciones de Canadá, Phil Fontaine, organizado por el Episcopado canadiense. El arzobispo James Weisgeber recordó entonces que las comunidades religiosas y las diócesis implicadas ya pidieron perdón a comienzos de los años ochenta, pero quiso renovar aquella purificación para denunciar los sufrimientos de los pueblos autóctonos, víctimas de la marginación y la pobreza.

En efecto, aquél mismo año Unicef publicó un informe en el que advertía que «la pobreza, el bajo rendimiento educativo y la infravivienda ponen en peligro la salud de la población indígena, que también padece las tasas más elevadas de suicidio, depresión, toxicomanías y trastornos relacionados con el alcoholismo». El analista Paul Wells se hacía eco de esta investigación en el artículo ‘¿Qué es Canadá?’, publicado en los dossieres de ‘La Vanguardia’ . La cuestión de la población indígena, que crece tres veces más deprisa que el resto, es un debate interminable en Canadá. Ottawa se gasta más de 7.000 millones de dólares al año en programas para atender a esta comunidad, pero siguen siendo vistos como un problema. Wells cita otra investigación, firmada en 1996 por la Comisión Real, que ya alertó de que la asimilación a la que se enfrentan las poblaciones indígenas es «una forma de suicidio cultural que se les impone en nombre de la ‘igualdad’ y la ‘modernización’».

El informe divulgado ahora por la Comisión de la Verdad solicita al Gobierno canadiense que acepte 94 recomendaciones para hacer justicia y llegar a la reconciliación, entre ellas que «adopte e implemente en su totalidad» la declaración de los Derechos de los Indígenas de la ONU, a lo que se ha negado el Ejecutivo. El primer ministro, el conservador Stephen Harper, emitió en 2008 en el Parlamento canadiense una disculpa pública en nombre del país. El juez Murray Sinclair le ha reclamado medidas concretas de reparación.