Alpha Pam perdió la vida el 13 de abril de 2013 con solo 28 años de edad y un pasaporte senegalés. Acudió hasta en siete ocasiones al centro de salud de Can Picafort, en Palma de Mallorca, con sintomatología propia de tuberculosis. Fue atendido en Urgencias, pero al no tener tarjeta sanitaria, no se le practicaron las pruebas oportunas. La enfermedad que mató a Alpha Pam se diagnostica mediante unas radiografías, que requieren una derivación a un servicio especializado, y que tiene tratamiento efectivo en España desde hace 35 años.

El consejero balear de Salud, Martí Sansaloni, reconoció meses después de la tragedia que el Hospital de Inca, al que fue derivado desde Atención Primaria, no hizo las pruebas ni siguió el caso porque no tenía ninguna «identificación nominal» del paciente. Es decir, Alpha Pam no fue diagnosticado y tratado de una dolencia mortal por no tener papeles. Uno se pregunta qué mata a Alpha Pam, la tuberculosis o la irracionalidad política y administrativa.

El caso de Alpha Pam no es una excepción y a la incierta lista de víctimas mortales por la exclusión sanitaria habría que sumar a Soledad Torrico, mujer de origen boliviano que murió en Valencia en febrero de 2013 tras serle denegada la asistencia sanitaria, y Jeanneth Beltrán, que falleció cuatro horas después de suplicar atención médica en Toledo, donde se le requirió la documentación a pesar de acudir a Urgencias con una parálisis facial. Estas muertes, impropias de un Estado de derecho, son sólo las que conocemos, dada la falta de visibilidad del colectivo sin papeles. Pero no serán olvidadas. Y se siguen dando casos similares en España desde que el Gobierno de Mariano Rajoy denegara el acceso a la sanidad a las personas sin documentación en agosto de 2012 con el pretexto de reducir el gasto sanitario e ignorando todo criterio médico. El 18 de mayo, a un vecino sin papeles le fueron denegadas en el centro de salud de Lavapiés las radiografías de tórax necesarias para diagnosticar tuberculosis, según el testimonio de dos activistas de la plataforma Yo Sí Sanidad Universal.

El resultado de este caos sanitario no ha podido ser más nefasto: personas sin atención sanitaria agravan sus dolencias, mientras que aquellas enfermedades infecto-contagiosas que requieren tratamiento y medidas de prevención amenazan la salud pública de los vecinos y vecinas. Por eso, el acceso universal a la salud es, además de una cuestión de justicia social, una obligación preventiva, pues no se puede someter la salud pública a una lógica de fronteras.

Por todo ello, debemos dar un giro al discurso predominante sobre la gestión sanitaria y concebir la sanidad pública como una inversión social de primer orden. No se trata de un gasto susceptible de sufrir recortes caprichosos. Si bien es cierto que la sanidad pública implica un esfuerzo presupuestario de las arcas públicas, existe un amplio consenso social de que la salud es una prioridad de la administración.

Y lo que es más grave: la exclusión sanitaria dio forma a una sociedad de ciudadanos de primera y de segunda categoría, despojó de los derechos humanos y civiles más básicos a vecinos y vecinas sin papeles y dibujó un mapa de la exclusión que incluía a centros de salud y hospitales públicos.

En términos presupuestarios, está ampliamente demostrado que una sanidad universal, pública y no privatizada, resulta en una disminución del gasto público en términos absolutos, como así lo prueban los diferentes pesos en los PIB nacionales de los diferentes modelos. Por poner un ejemplo, Estados Unidos, con un sistema mucho más privatizado y excluyente, tiene mucho más gasto público en sanidad que Francia o España.

Ante esta grave negligencia política, los y las profesionales de la salud iniciamos una fuerte contestación que hemos mantenido viva hasta hoy. Sacamos nuestras batas a la calle y creamos la Marea Blanca, conscientes de que la sociedad quiere una sanidad pública y para todos. Desde entonces, el movimiento ha conseguido paralizar la privatización de los hospitales madrileños gracias a una intensa batalla legal y a partir del próximo 13 de junio, tendremos portavoces en algunas instituciones como el Ayuntamiento de Madrid.

Así, el grupo municipal de Ahora Madrid realizará una fuerte labor de incidencia política con la Comunidad de Madrid y el Gobierno de España, a fin de resolver este disparate sanitario, gestado al margen del criterio de los expertos en salud pública y en economía de la salud y del sentir general de la sociedad.

Desde la escala local, además, también se pueden realizar acciones para solventar esta suerte de apartheid sanitario. No tenemos competencias en atención sanitaria, pero sí que tenemos competencias en derechos humanos, como no podría ser de otra manera. En primer lugar, permitiendo el acceso de todas las personas a las citas con los profesionales sanitarios de los dispositivos de prevención y promoción de la salud que dependan del Ayuntamiento. Las personas solo necesitarán el padrón municipal para poder ser recogida su demanda de atención sanitaria no satisfecha por el sistema sanitario dependiente de la Comunidad de Madrid. En segundo lugar, acompañando los procesos de estas personas en la exigencia de la atención precisa por parte del sistema, especialmente en aquellos casos de riesgo vital. Por último, apoyando a los colectivos y organizaciones que registran, visibilizan y denuncian esta situación de vulneración de los derechos humanos.

Los concejales y las concejalas de Ahora Madrid no olvidaremos nunca las circunstancias de la muerte de Alpha Pam, Soledad Torrico y Jeanneth Beltrán, cuya memoria mantendremos desde la responsabilidad de gestionar los recursos públicos. Por ello, el 24 de mayo asumimos el clarísimo mandato ciudadano de reconstruir una Administración municipal más justa y humana para todos.

Javier Barbero es psicólogo de la sanidad pública, miembro de la ‘marea blanca’ y edil electo de Ahora Madrid.