Traficó con sustancias estupefacientes y ahora tendrá que abandonar el país. La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha respaldado la expulsión de un inmigrante del territorio nacional, acordada por la Subdelegación del Gobierno en Castellón, por haber sido condenado por un delito contra la salud pública.

De esta forma la sentencia del TSJ de la Región desestima el recurso que el afectado presentó contra la resolución de un Juzgado de lo Contencioso que rechazó su demanda. Y añade que la administración tomó esa medida, acordada en febrero de 2013, al tener conocimiento de que este hombre había sido condenado por el citado delito a la pena de tres años y cuatro días de prisión.

El condenado, en su apelación ante el Tribunal Superior de Justicia, alegó que la sentencia recurrida era desproporcionada y estaba falta de motivación, para añadir que realmente la pena que le había sido impuesta en 2013 era solo de seis meses de cárcel.

Al desestimar su recurso, la Sala dice que «consta no solo la comisión del delito contra la salud pública que ha dado lugar a esta medida, sino también la existencia de antecedentes penales por los delitos de violencia doméstica y de género, lesiones y maltrato familiar, sin que conste su cancelación». Su historial delictivo le obliga a abandonar España.