Víctor Walteros, inmigrante colombiano reagrupado, tiene desde hace tres días reconocida legalmente la asistencia sanitaria pública tras una sentencia del Juzgado de lo Social número 6 de Madrid. La demanda presentada por su hija Anni, con el respaldo de Médicos del Mundo, prosperó tras un año y tres meses de lo que ella definió ayer en rueda de prensa como un «vía crucis».

«Hubo que tocar tantas puertas y enfrentarse a tantas negativas que ha supuesto un desgaste personal y emocional muy grande», explicó ella. Víctor, de 80 años, sufre una obstrucción crónica pulmonar que le impide la toma regular de oxígeno. A pesar de que Anni se encuentra en España en situación regular desde hace siete años, y de que se le autorizó la reagrupación familiar, no se le ha facilitado la sanidad a su padre.

El Real Decreto promulgado por el Gobierno hace dos años, que limitaba la asistencia sanitaria a inmigrantes a las urgencias, no debería afectarles por tener ella todos los papeles en regla, pero aun así actuó como freno: «En el caso de mi padre me siento atropellada por los médicos y la Administración españoles. No quiero ser desagradecida, porque a mí y a mis hijas nos han atendido siempre excelentemente, pero élha sufrido un trato discriminatorio. Nos presionaron con que no iba a recibir asistencia sanitaria para que no le trajéramos a pesar de que nos habían aprobado la reagrupación», aseguró Anni en declaraciones para EL MUNDO.

Esta sentencia, en la que se le reconoce el derecho a Víctor, supone para ella «primero la tranquilidad de que ya no tengo que garantizar la salud de mi padre por medio de la caridad. Segundo, la seguridad de que cuando vaya a pedir un medicamento, una cita o un tratamiento para él lo voy a obtener. Tercero, el terminar un proceso que ha sido un desgaste tan grande a nivel emocional y mental que es como recuperar un poco la paz y la tranquilidad». En cuanto a cuándo comenzará a recibir esta asistencia, Anni aseguró que «iremos la próxima semana con Médicos del Mundo a solicitar la tarjeta y a ver con qué nos encontramos».

Gorka Velle, el abogado que ha llevado el caso, denunció ayer la situación de exclusión y discriminación que vive un colectivo tan vulnerable como es el de los inmigrantes. «El Real Decreto del Partido Popular se salta el derecho a la asistencia sanitaria universal y gratuita recogido en nuestra Constitución. Atemorizan a estas personas con que si intentan ejercer sus derechos se les revisará el permiso de residencia. Esta sentencia abre mucho camino a la recuperación de la asistencia sanitaria para los inmigrantes», aseguró.