dOnostia – España es uno de los países de la Unión Europea donde se producen “más frecuentemente”, casos de explotación laboral grave, acentuados tras el estallido de la crisis en 2008, según el informe Explotación laboral severa en la UE, de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales.

Los expertos nacionales han percibido que se producen “más frecuentemente” casos de explotación laboral grave en trece países de la Unión Europea entre los que están, además de España, Portugal, Alemania, Francia, Croacia, Chipre, Grecia, Hungría, Italia, Lituania, Malta, Polonia y Croacia.

El informe denuncia que la explotación laboral grave “está generalizada en el seno de la Unión Europea” en sectores como el agrícola, construcción, hotelero y servicios de catering y trabajo doméstico, – curiosamente sectores con un mayor peso específico en la economía española que en otros países comunitarios y donde se concentra buena parte de la mano de obra emigrante – , fundamentalmente, y que el problema y sus efectos adversos sobre nacionales de terceros países y ciudadanos de la UE han recibido escasa atención.

En el caso de España, los principales sectores económicos donde predomina la explotación laboral son el sector agrícola (los temporeros en las campañas de recolección de frutas, los trabajadores de los invernaderos etc.), forestal y de pesca, el hotelero y actividades de servicios alimentarios y el trabajo doméstico, según el informe, que cita, por ejemplo, el caso concreto de una mujer ecuatoriana empleada del hogar en España que cuidaba de una persona mayor obligada a “turnos excesivos” pero sin cobrar un salario “acorde” y que acudió a una ONG para recibir ayuda, pero no denunció su caso ante la justicia.

El Gobierno español salió al paso del informe y por boca de la secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, afirmó que la alerta de la explotación laboral en España solo se puede derivar de actuaciones ilícitas, que tienen que desaparecer “cuanto antes mejor”.

La secretaria de Estado señaló que el Gobierno español lucha por los derechos de los trabajadores y enmarcó en este contexto el plan de lucha contra el fraude, “al que se han dedicado muchos medios y esfuerzos”.

Uno de cada cinco expertos nacionales consultados para elaborar el informe, – inspectores laborales, jueces, fiscales, policías o personal de apoyo a las víctimas – han reconocido a la agencia europea que ven “dos o más casos a la semana” de explotación laboral grave, según el responsable del informe, el doctor Albin Deaing. “Esto es la base que nos lleva a decir que el problema es endémico”.

Aunque en el informe no se cuenta el número total de personas que son objeto de explotación laboral severa ni el porcentaje de la fuerza laboral que representan, el experto dejó claro que el problema afecta fundamentalmente a “nacionales de terceros países que se trasladan a la Unión Europea y a la inmigración intraeuropea”.

“Ambos son muy importantes y no estaría en posición de decir cuál está en mayor riesgo”, destacó Deaing, si bien admitió que los inmigrantes de terceros países son objeto de “las formas más severas de explotación, que llevan a la servidumbre o esclavitud” y precisó que la mayor o menor explotación se dará en función de “diferencias de ingresos y costes de vida”.

“Muchos de los trabajadores están en riesgo de ser explotados en aquellos países donde la situación del trabajo es más atractiva y el nivel de ingresos es más atractivo”, explicó Deaing. – N.G./E.P.