La solidaridad europea vuelve a naufragar. La confianza y la buena voluntad política que mostraron los líderes de la UE los días posteriores a la última gran tragedia en el Mediterráneo han dado paso a una pelea encarnizada por evitar la acogida de más inmigrantes dentro de sus fronteras. La estocada final al plan de cuotas de la Comisión Europea para repartir el esfuerzo de acogida recolocando a 40.000 demandantes de asilo entre los Veintiocho ha venido de la mano de las dos grandes potencias europeas: Alemania y Francia.

Sus ministros del Interior el alemán Thomas de Maizière y el francés Bernard Cazeneuve, solicitaron ayer a Bruselas un replanteamiento global de su propuesta. La primera demanda que han puesto sobre la mesa es la de ponderar mejor los criterios utilizados para fijar las cuotas. Berlín y París consideran que «se debería valorar más los esfuerzos ya efectuados por los Estados miembro» en materia de asilo en el pasado. Bruselas solo otorga un 10 % del cálculo a ese criterio, otro 10 % a la cifra de desempleo, un 40 % para el Producto Interior Bruto (PIB) y otro 40 % para el volumen total de población. «El sistema debe ser justo, temporal y excepcional», reclaman. Los países del Este y los Bálticos se han visto beneficiados por los criterios de reparto. No cuentan con un historial de asilo tan amplio.

Alemania y Francia recuerdan que el 75 % de los demandantes de asilo se concentran en solo cinco países de la UE: Francia, Alemania, Suecia, Italia y Hungría. «La situación es insostenible», denuncian. Junto a España, deberían acoger a casi la mitad de esos 40.000 refugiados incluidos en el programa de redistribución.

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De Maizière y Cazeneuve reconocen que Italia y Grecia necesitan ayuda a sus costas llegaron casi la totalidad de los 77.224 refugiados que cruzaron las aguas mediterráneas rumbo a Europa desde que se inició el año, pero exigen que se tomen «todas las medidas jurídicas y financieras para reforzar la vigilancia de las fronteras exteriores» y crear centros de espera en los territorios de llegada desde donde gestionar las solicitudes de asilo. El objetivo es detectar a los potenciales refugiados y acelerar las expulsiones de los que no podrán gozar de ese estatus.

Berlín y París también abogan por vigilar los movimientos migratorios dentro de la UE que puedan descompensar el reparto y controlar el flujo migratorio procedente de los Balcanes.

España, quien deberá acoger a 5.837 refugiados, se sumó al pelotón de países díscolos. El ministro del Interior, Fernández Díaz, solicitó ayer «desterrar» las cuotas durante la reunión del G-6 en Moritzburg (Alemania). A la cita acudieron sus homólogos de los otros cinco países más poblados de la UE (Alemania, Francia, el Reino Unido, Polonia e Italia).

El ministro español abogó por atajar el drama migratorio erradicando los problemas en origen y criticó el poco peso otorgado a la tasa de paro en la clave de reparto. «Estamos abiertos a discutir los criterios», anunció la portavoz de la Comisión, Natasha Bertrand. Bruselas está a la espera de recibir la opinión de los veintiocho ministros del Interior para rehacer su fracasado programa.

«¿África? No, el puerto francés de Calais
Un inmigrante posa a la entrada de su refugio en «la nueva jungla», un campamento improvisado ante la saturación de un albergue abierto a principios de año en el puerto francés de Calais. Según cifras oficiales, unos 2.500 inmigrantes de distintas nacionalidades (afganos, sudaneses, eritreos y sirios) viven en tiendas de campaña o chozas en Calais, desde donde tratan de pasar al Reino Unido. La policía tuvo que intervenir ayer en una pelea que se saldó con 24 heridos . Foto PHILIPPE HUGUEN AFP