Cada vez hay mayor conciencia alrededor
del tema de la violencia de género.
Realidad indiscutible donde las
haya. Consecuentemente, se multiplican
sin parar las herramientas para
prevenirla y tratarla. No obstante,
ello no se traduce en reducción de
casos: sigue siendo una de las cuestiones
más preocupantes en las relaciones
sociales y de género en España,
Europa y, si cabe, el mundo entero.
Y es precisamente esta
internacionalidad la que ahora oscurece
y complica algo más el tema,
porque, como ayer explicaron las investigadoras
Marta Arumí (UAB),
Xus Ugarte y Mireia Vargas-Urpí
(UVic-UCC), la iniciativa SOS-VICS
muestra cómo la ausencia de intérpretes
cualificados genera deficiencias
en la atención a víctimas extranjeras
de violencia de género.
SOS-VICS es un proyecto europeo
que ha realizado un estudio piloto en
España con la colaboración de nueve
universidades autóctonas –coordinadas
por la Universidad de Vigo y
financiado por el Programa de Justicia
Penal de la Unión Europea– para
reclamar la garantía de acceso de
víctimas extranjeras a interpretes
profesionales y especializados en todas
las fases del proceso de asistencia.
El problema detectado –tras publicar
el CIS en 2011 una encuesta
que mostraba que de cada 100 mujeres
maltratadas, 14,5% eran extranjeras–
es que el servicio de traducción
e interpretación en las fases policiales
y judiciales es muy deficiente,
y que en áreas médicas y en el proceso
asistencial ni siquiera existen.
Explica la doctora Arumí que «las
barreras comunicativas refuerzan el
sentimiento de aislamiento» propio
de la mujer maltratada.
Así, han desarrollado un proyecto
en tres fases –taller con expertos,
cuestionarios a intérpretes y entrevistas
con víctimas y psicólogos– para
poder crear material didáctico que
mejore la situación. Hablar con jueces,
abogados, psicólogos o trabajadores
sociales, explica Mireia Vargas-
Urpí, demostró que «no existen
protocolos de cómo actuar», además
de sacar a relucir problemas propios
de cada rama como que muchos traductores
ofrecidos en psicología no
entienden la terminología específica.
Los cuestionarios a 27 intérpretes especializados
en violencia de género
corroboraron, tal como dijo VargasUrpí, que éstos no saben cómo tratar
con la víctima y que les falta formación
para lidiar con el estrés o la gestión
de las emociones ajenas.
Una serie de 9 entrevistas con víctimas
extranjeras de maltrato machista
ha demostrado que en numerosas
ocasiones se sienten presionadas
por intérpretes no profesionales,
que hay veces que éstos han cambiado
u omitido cierta información o incluso
casos de intentos de convencer
a las víctimas para retirar su denuncia.
Como parte fundamental y final
del proyecto, y tras tal recogida de
información, el proyecto procedió
con la creación de cursos y materiales
como primeros pasos en el planteamiento
de soluciones. Así, SOSVICS
ofrece de forma gratuita en su
página web un monográfico para intérpretes,
un manual de buenas
prácticas para agentes de los cuatro
ámbitos implicados –policial, judicial,
sanitario y asistencial–, así como, un
vídeo divulgativo y folletos con traducciones
básicas para poder entablar
una conversación por teléfono
para denunciar.
Marta Arumí, Xus Ugarte y Mireia
Vargas-Urpí reconocen como buena,
aunque insuficiente, la aprobación
del Estatuto de la Víctima del Delito.
Y confían, porque ya es una realidad
afianzada en otros países, en que el
idioma no siga suponiendo una barrera
para ayudar a las víctimas de la
violencia de género.