Asociaciones en defensa de los derechos humanos denuncian el apoyo que reciben los traficantes de países del sudeste asiático

Bangkok, la capital de Tailandia, acogerá mañana una cumbre en la que se debatirá la crisis abierta por la emigración masiva e irregular en el sudeste asiático. Al encuentro acudirán representantes de los países implicados, además de organizaciones como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Sin embargo, asociaciones en defensa de los derechos humanos han denunciado durante estos años los maltratos de las autoridades tailandesas y de otras naciones participantes contra los refugiados.

Según declaró la OIM a ABC, la cumbre de este viernes servirá para «discutir la integración de los migrantes, la repatriación de aquellos que quieran volver voluntariamente a sus casas y las posibilidades para la reubicación en otros países». Las soluciones, tal y como señaló la organización, buscan mejorar «la educación en los países de origen para informar sobre los peligros de este tipo de migración», pedir a las naciones implicadas que «castiguen a los traficantes» y «exigir una respuesta humanitaria». Sin embargo, la asociación se mostró más prudente ante la pregunta sobre la implicación de Tailandia y Malasia en el tráfico de seres humanos. «No tenemos comentarios por el momento», indicó. Según datos proporcionados por la propia OIM, 25.000 personas «emprendieron la ruta de la migración irregular y peligrosa por barco a través de la bahía de Bengala y el mar de Andamán» durante el primer trimestre de 2015.

Los medios de comunicación se han hecho eco de los abusos padecidos por los migrantes durante las últimas semanas. En la frontera de Tailandia y Malasia, zona de jungla, se encontraron a principios de este mes de mayo 32 tumbas de refugiados rohinyá. Un hallazgo al que se une el realizado por autoridades malayas, que descubrieron 28 campos clandestinos para inmigrantes en el norte del país, con 139 enterramientos. La implicación de ambos países en esta tragedia es denunciada por organizaciones para la defensa de los derechos humanos como Human Rights Watch. Su portavoz para Asia, Brad Adams, criticó la situación en un documento publicado en mayo de 2015. «La complicidad de funcionarios de Birmania, Bangladesh, Tailandia y Malasia se aprovecha de la desesperación y la miseria de uno de los pueblos más perseguidos y abandonados del mundo», señaló en referencia a los rohinyá.

Los rohinyá, una etnia minoritaria de fe musulmana, sufre el acoso de las autoridades de Bangladesh y Birmania. Su persecución es una de las causas de la crisis migratoria de estas semanas, aunque la natureleza de su huida tiene características propias según el país. Así lo explica Carlos Sardiña, periodista afincado en Bangkok, a ABC: «Los bangladesíes son migrantes económicos que huyen de un país muy pobre y superpoblado con pocas perspectivas de futuro». Los rohinyá «huyen de una verdadera limpieza étnica», dado que «son perseguidos y sufren todo tipo de violaciones de los derechos humanos». Birmania, un país de mayoría budista, los margina por razones de índole religiosa y política.

En un reportaje publicado en julio de 2013, Reuters recogió los testimonios de algunos rohinyá y denunció la implicación de Tailandia en los peligros a los que se enfrentan. Según la agencia, las autoridades navales tailandesas colaboran con redes de contrabando y de tráfico de seres humanos y cometen abusos contra los refugiados llegados a su país. El documento, realizado a partir de entrevistas con los afectados y los responsables de la trata, reveló el suplicio padecido por los emigrantes.

Un rohinyá, Abdul Sabur, relató a Reuters su experiencia. Originario de Rakhina, una región occidental de Birmania, escapó de la persecución religiosa que su pueblo sufre en el país asiático, cuya población es de mayoría budista. Su pericipecia terminó en la India, donde fue arrestado y trasladado a la jungla tailandesa. Allí cayó en manos de los contrabandistas, que le sometieron a malos tratos físicos y psicológicos y le amenazaron con venderle, si no les pagaba, como esclavo a un barco pesquero. Unos hechos agravados por los vacíos legales de Tailandia. Como señala ACNUR, el país no es signatario de la Convención de Refugiados de 1951, que garantiza «la protección internacional» y «las obligaciones de los Estados» con los seres humanos en esta situación.