El debate sobre cómo afrontar el regreso de familiares de yihadistas que se han unido al Estado Islámico ha estallado en Australia tras conocerse que la esposa de Khaled Sharrouf, uno de los australianos en las filas del IS, estaría tramitando su regreso a Sidney acompañada de sus cinco hijos. El caso es especialmente sensible porque la imagen de uno de esos niños, de siete años de edad, conmocionó al mundo el pasado agosto: en la fotografía, colgada por su padre en su cuenta de Twitter, el crío, ataviado con una camiseta y unas bermudas azules, sostenía con ambas manos la cabeza decapitada de un soldado sirio. En el comentario a la imagen, Sharrouf escribió con orgullo: «Éste es mi hijo».

El primer ministro, Tony Abbott, ha destacado la esposa de Sharrouf tendrá que enfrentarse «a todo el peso de la ley» y advierte que sus hijos también tendrán que responder por sus actos. «Un crimen es un crimen y los criminales deben enfrentarse a todo el peso de la ley sean hombres o mujeres», ha afirmado. «En el caso de sus hijos menores, hay normativas que aplicar», aseguró en declaraciones recogidas por el Daily Telegraph australiano.

VIDAS DESTROZADAS

Todos coinciden en que los hijos de Sharrouf son víctimas de sus padres y que los progenitores «han destrozado» sus vidas, como señalaba el ministro de Inmigración, Peter Dutton. El ministro recordó que el Estado se reserva el derecho de quedarse con la custodia de los hijos menores de combatientes que se hayan unido a grupos extremistas si bien las decisiones serán tomadas después de revisar «caso por caso». «Si hay niños involucrados, por ejemplo, podrían quedarse en una institución estatal como hemos visto en los casos de otras personas que han decidido abandonar a sus hijos para ir a combatir», ha explicado. «Esos arreglos pueden aplicarse a niños cuyos padres no estén actuando por el bien de sus hijos».

En el caso de los militantes o simpatizantes del IS, podrían llegar a perder la nacionalidad australiana según un reciente anuncio del Gobierno, que anunció también penas de hasta 25 años de cárcel para aquellos que logren regresar. En lo que se refiere de Sharrouf, no hay signos de que tenga la intención de volver.