Cientos de radicales budistas se manifestaron ayer en la ciudad birmana de Rangún para exigir que su país deporte a cualquier Rohingya que encuentre en alta mar, en vísperas de la conferencia internacional que se desarrollará mañana en Bangkok para abordar la crisis generada por el tráfico de seres humanos.

«Los bengalíes [así se refieren a los Rohingyas] no respetan el budismo, así que no son ciudadanos de Myanmar. Es muy simple», afirmó Thu Dammyra, un monje miembro de la organización extremista Ma Ba Tha. Los fundamentalistas se aferran a la hipótesis de que esa minoría musulmana no es original de Birmania, algo que contradice los incontables testimonios recopilados por ONG.

Según un informe difundido por Human Rights Watch, varios de los Rohingyas supervivientes de la última oleada de barcos que ha recalado en Malasia, Indonesia y Tailandia explicaron que no sólo procedían de Birmania, sino que habían sido secuestrados y embarcados a la fuerza. «Eran seis hombres, budistas rakhine [la provincia birmana de donde proceden los Rohingyas]. Tenían cuchillos y pistolas. Me obligaron a subir al barco. Me dijeron que me iba de Birmania. Había otros 15 Rohingyas en el mismo bote. A todos les obligaron a subir», declaró una menor de 16 años.

Los testimonios recopilados por HRW confirman una vez más la escala del negocio y los métodos brutales utilizados por los traficantes.

Otra mujer aseguró que una vez encerrada en los llamados campos de la muerte instalados en Tailandia y al no poder recabar el «rescate» exigido por sus captores, estos le golpearon «con palos de bambú» y le quemaron «las piernas y los tobillos con cigarrillos».

En uno de los 28 campos de reclusión que han sido descubiertos en la frontera de Malasia con Tailandia, no lejos de los que existían en el territorio del país vecino, las fuerzas de seguridad encontraron al menos una jaula de bambú reforzada con alambre de espino –más propicia para perros, que para personas–, que se supone que los traficantes usaban para castigar a quienes desobedecían sus órdenes. «Nunca pensé que la gente pudiera ser enjaulada y tratada de esta manera», manifestó un policía malasio, Yusof Islam Hassan, a la prensa local. «Se alimentaban de semilla u hojas de plantas durante semanas», le secundó Abdul Rahman Mahmud, un vecino del área.

Como aclaró Mohamed Ekram a este diario hace días, el trato bestial era una norma diaria en esos recintos. Él mismo, superviviente de un campo en la linde tailandesa fue apaleado por pedir salir un instante de las barracas de bambú para hacer sus necesidades. Ekram es uno de los muchos que denuncian la connivencia durante años de funcionarios y autoridades en ambos países. Asevera que tras ser detenido por las fuerzas de seguridad tailandesas en 2014 en un bote al norte de Pukhet, fue «vendido» de nuevo a los traficantes en el centro de acogida de Rangong [junto a la frontera con Birmania] por 10.000 baths [menos de 300 euros] y acabó en otro navío que le trajo hasta Satún, al sur del país.

«Nos vendieron a cientos. Salíamos por grupos. Los responsables del centro [recintos gestionados por el Gobierno tailandés] nos vendían a los traficantes», relató. ONG como Arakan Project y Rohingyas entrevistados por Reuters denuncian que en medio del caos generado por el desmantelamiento de las rutas terrestres que seguía esta trata, las mafias han encontrado un nuevo sistema para seguir extorsionando a sus víctimas: ahora les piden que paguen hasta 300 dólares para abandonar los barcos y volver a los paupérrimos campos de desplazados que ocupan los rohingyas en Birmania.

Sin embargo, estos problemas parecen en vías de resolverse al menos de forma temporal, no sólo por la llegada de las lluvias –que interrumpirán el tránsito de navíos–, sino por el cambio de actitud de Tailandia y Malasia, que coincide con la próxima difusión del informe anual de EEUU sobre Tráfico de Personas.

Bangkok, por ejemplo, ha pasado de negar la entrada en sus aguas territoriales a las embarcaciones repletas de huidos a organizar todo un operativo de asistencia que contará con la participación de un portahelicópteros y otros seis buques, cientos de marinos y cuatro aeronaves.

Ello no ha impedido que en ambas naciones numerosas voces hayan comenzado a exigir responsabilidades por una pujante mafia cuya actuación conocía todo el mundo. Kuala Lumpur, que había desestimado cualquier vínculo con la red, reconoce ahora que ha arrestado a 12 policías y 43 civiles implicados en este tráfico ilegal. «La gente fue torturada y enjaulada en nuestro patio trasero. Voy a exigir una comisión de investigación para que los responsables tengan que hacer frente a la justicia», anunció el diputado opositor malasio Charles Santigo.