Cuando hace dos semanas la Comisión Europea presentó su Estrategia de Inmigración 2015, el Gobierno español, por medio de su ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, expresó su clara oposición. Bruselas explicó entonces los dos ejes de su estrategia. Por un lado, invitar a 20.000 personas en situación de emergencia a Europa. Por otro, la recolocación de los solicitantes de asilo que ya han llegado por mar a los países del Mediterráneo en los últimos meses.

La UE estima que 40.000 sirios y eritreos, de los que llegaron a Italia (24.000) y Grecia (16.000) empujados por la guerra, están en «clara necesidad de protección internacional», y que deben ser distribuidos a lo largo de los dos próximos años por todo el continente mediante un sistema de cuotas.

Éstas se establecerían en función del tamaño de la economía de cada país (un 40% de la ponderación), de la población (otro 40%) y sería corregida en función de la tasa de paro (un 10%) y de esfuerzos de acogida del pasado (otro 10%).

Margallo denunció por activa y por pasiva que era «injusto», que el paro tendría que pesar mucho más en la fórmula. Es decir: España, con 47 millones de habitantes y un PIB de un billón de euros, quería un ajuste técnico que redujera en unas decenas o cientos el número de demandantes de asilo que le correspondían.

Ayer, la Comisión constató por escrito que ha hecho oídos sordos a las quejas de Moncloa y que mantiene el sistema tal cual. Es más, dado que Dinamarca, Reino Unido e Irlanda no van a participar, pues las particularidades de su adhesión a la UE así se lo permiten, España tendrá que acoger más de los que se pensó al inicio. Ni el Reino Unido ni Irlanda han sido incluidos en las tablas de cuotas y su ausencia no afecta a los nuevos cálculos de porcentajes. Los estados asociados de la UE no están obligados a participar pero pueden hacerlo voluntariamente.

Las cuotas para la primera medida, para los 20.000 que van a ser invitados, son voluntarias. A España le correspondería un 7,75% de los reasentamientos, 1.549 personas. Muy lejos de los 3.086 de Alemania (15,43%) o Francia (2.375, un 11,87%). Pero si el paquete propuesto ayer por la Comisión recibe el visto bueno del Consejo en la próxima Cumbre de junio, las cuotas para el reparto de los 40.000 serían obligatorias. Ahora, España ya no tendría un 9,1%, como se fijó en primera instancia, sino un 10,72%, lo que implica que tendría que acoger a más. En concreto, 2.573 de los 24.000 que están en Italia y 1.715 de los 16.000 que esperan en Grecia, un total de 4.288 personas. Si se suman todas las partidas, recolocación y reasentamientos, la cifra final es 5.837 personas.

La Comisión Europea activa así, por primera vez, la cláusula prevista en el artículo 78(3) de los Tratados para situaciones de emergencia. La medida no cubre a todos los inmigrantes (deja fuera a los que llegan «por causas económicas», ni a los llegados a otros países como Malta ni a otras nacionalidades). Pero se asegura que casi todos, los 40.000 elegidos, tengan serias opciones de recibir el asilo por proceder de países en guerra. El proceso estará financiado por la UE, que ha movilizado 290 millones de euros. Los primeros 240 millones serán para la recolocación de estas 40.000 personas. «Cada Estado miembro recibirá 6.000 euros por persona recolocada», explica la documentación. Y habrá 50 millones adicionales para los 20.000 que serán distribuidos en 2015 y 2016.