Malasia se vio obligada ayer a admitir su vinculación de facto al tráfico humano que durante años se ha registrado en su frontera con Tailandia al anunciar el descubrimiento de campos de reclusión de inmigrantes en al menos dos provincias limítrofes. El ministro del Interior malasio, Ahmad Zahid Hamidi, indicó que los recintos se encuentran en la región de Perak y Perlis. Es Perlis la misma zona selvática junto al paso fronterizo de Padang Besar donde las autoridades de Tailandia encontraron a principios de mayo toda una red de campos de internamiento, algunos capaces de albergar hasta 1.000 rehenes.

Como en el territorio tailandés, el ministro malasio confirmó asimismo la existencia de decenas de cadáveres enterrados en esos enclaves escondidos en la jungla. «Cada tumba quizás tiene tres o cuatro cadáveres. Aún no sabemos cuántos hay en total. Probablemente vamos a encontrar más. Malasia, como gobierno no está implicada, pero si hay malasios. Es un hecho», precisó.

Citando fuentes oficiales, diarios malasios como Utusan o The Star hablan de «decenas» de fosas que contienen «cientos» de despojos humanos, aunque ningún portavoz gubernamental haya confirmado tal extremo. Otro periódico, The Mingguan, aseguraba que las sepulturas fueron halladas hace ya varias jornadas, en Padang Besar y Wang Kelian, pero que el Gobierno no hizo pública tal noticia.

Curiosamente, el secretario general del mismo Ministerio, Datuk Alwi Ibrahim, había negado enfáticamente el pasado día 11 la presencia de estos emplazamientos en el territorio malasio, algo que contradecían todos los activistas y ONG especializados en la trata humana. El propio ministro malasio reconoció en esta ocasión que el complejo llevaba operando más de cinco años.

Hamidi se excusó aludiendo al caso de EEUU, que precisó «dispone de más medios y tecnología punta y siguen teniendo que afrontar el tráfico de seres humanos».

Los medios de comunicación locales ya habían denunciado en octubre del año pasado la existencia de fosas comunes de inmigrantes no sólo en las inmediaciones de Padang Besar, en la provincia de Perlis, sino en Kelantan.

«Hay muchos más campos en el lado malasio que en Tailandia. Hay 50 en Malasia y 18 en Tailandia», declaró hace días a este diario Abdul Kalam, un activista Rohingya instalado en la región fronteriza de ambas naciones desde hace décadas.

Al igual que Tailandia, Malasia figura en el nivel más bajo de la escala de tráfico humano que realiza EEUU y, si repite posición en la evaluación anual, podría verse afectada por sanciones de Washington. La ofensiva tailandesa contra el comercio de seres humanos –y la subsiguiente acción de Malasia– se produce precisamente en vísperas de que EEUU anuncie los resultados de su Informe de Tráfico de Personas para este año.

La interrupción de este boyante negocio fue el motivo que desencadenó la crisis de los buques abarrotados de Rohingyas y bangladesíes que están navegando a la deriva por las costas de la región, sin saber dónde desembarcar su polémica carga.

Tras semanas negándose a recibir a los refugiados e inmigrantes, Malasia cambió de postura y ahora está evaluando la posibilidad de reproducir el escenario que se adoptó durante la crisis de los balseros vietnamitas entre 1975 y 1995, cuando acogió a decenas de miles de huidos de esa nación asiática.

En aquella ocasión, Kuala Lumpur estableció un campo de refugiados en la isla de Bidong, donde llegaron a hacinarse hasta 40.000 personas. Precisamente aquella experiencia es la más citada para explicar las reticencias de Malasia y otros países del área para asumir una nueva oleada de exiliados. Malasia, por ejemplo, llegó a recibir más de 250.000 vietnamitas desde 1975 y sólo consiguió reasentar a los últimos en 2005. Los medios locales aseguran que la nación asiática está sopesando ubicar un centro de acogida en la provincia de Penang, que da nombre también a una conocida isla turística.

Más de un millar de Rohingyas y bangladesíes han recalado ya en el territorio malasio desde principios de mes. La ONU asegura que de los 152.000 refugiados que residen en Malasia, 141.570 son de Myanmar (antigua Birmania) y de ellos 45.170 son Rohingyas. La nación asiática participará este viernes en una cumbre regional sobre este asunto que se celebrará en Bangkok, aunque su resultado se aventura incierto toda vez que uno de los principales protagonistas de este brete, Birmania, continúa negando su maltrato a la comunidad Rohingya sea uno de los principales motivos que les impulsa a huir en los nuevos barcos negreros.

El comandante en jefe del ejército birmano, el general Min Aung Hlaing, aseveró el viernes que «la mayoría» de los protagonistas de esta última oleada de balseros son impostores que «se hacen pasar por Rohingyas para conseguir ayuda» de la ONU, pero en realidad son inmigrantes de Bangladesh.

Las ONG especializadas en la comunidad Rohingya denunciaron este fin de semana la entrada en vigor de una enésima normativa, que entienden dirigida a discriminar a esa minoría y que otorga poderes a las autoridades regionales para obligar a las madres a que espacien sus embarazos –exigiéndoles que esperen hasta tres años entre un nacimiento y el siguiente–, y adopten medidas para controlar la tasa de natalidad.

Los líderes más extremistas del clero budista habían apoyado la llamada ley de Cuidado de la Salud y Control de Población advirtiendo que la alta natalidad de la comunidad musulmana Rohingya podría socavar la mayoría que ostenta su religión en Birmania, algo improbable dado que representan menos del 10% de la población.Agrupaciones defensoras de los derechos humanos alertan que Birmania ya impone una limitación de dos hijos en algunas zonas del norte del estado de Rakhine, donde habitan los Rohingyas.

«Esta ley va a agravar la tensión étnica y religiosa», manifestó Phil Robertson, de Human Rights Watch. La ley de Control de Población forma parte de un paquete de normas que pretenden «proteger la raza y la religión», incluida otra que restringirá los matrimonios mixtos.