LORENA G. MALDONADO MADRID
«Ya te puedes ir, negro». Así se dirigió
un agente a un joven con los papeles
en regla, tras devolverle el DNI
desdeñosamente, en un control de
identidad en pleno metro de Avenida
de América a las siete de la tarde. Éste
es uno de los testimonios recogidos
en el tercer informe de las Brigadas
Vecinales de Observación de Derechos
Humanos (BVODH), que
denuncia las redadas obcecadas en
el perfil étnico que resultan trufadas
de insultos, vejaciones, detenciones,
y, en ocasiones, hasta violencia.
Según este colectivo, los controles
no se centran en la actividad que se
encuentre haciendo la persona –como
se presupone en la persecución
de delitos– sino en un aspecto físico
que no case con los cánones europeos.
De hecho, muchos de los ciudadanos
asediados por estas redadas
son españoles con cierto exotismo
estético o extranjeros con años de residencia.
«Las identificaciones no
son fruto de decisiones individuales
de los agentes de la Policía, sino que
obedecen a instrucciones del Ministerio
del Interior y de las Delegaciones
de Gobierno», asegura el texto.
Esto se manifiesta en «el elevado número
de identificaciones a ciudadanos
extranjeros, la normalización de
los controles, las denuncias en este
sentido de los propios sindicatos policiales,
el ocultismo y la carencia de
explicaciones oficiales».
El informe recoge datos desde noviembre
de 2012 hasta octubre de
2014: algunos, extraídos de la observación
directa de las brigadas, otros,
a raíz de declaraciones de testigos y,
por último, casos comunicados a la
organización por correo electrónico
o Twitter (más de 800 denuncias virtuales
en el período estudiado). Los
datos oficiales cifran en un millón las
personas identificadas en Madrid
durante el año 2012, pero no adjuntan
criterios ni motivaciones.
Las BVODH critican que los controles
no sólo se lleven a cabo en espacios
públicos –calles, metros, buses–
sino también en ámbitos privados
–locutorios, tiendas o pubs–.
Reconocen la menor aportación de
datos de este informe en comparación
con el anterior y lo achacan a
un cambio de estrategia policial: ante
las reiteradas denuncias, ahora los
despliegues se realizan de forma
más discreta, los llevan a cabo agentes
de paisano y se procura que las
personas retenidas queden menos
tiempo a la vista en la vía pública.
Sin embargo, los autores del informe
resaltan que la línea política continúa
impertérrita: «Priorizan el miedo en
sus discursos frente al respeto de los
derechos humanos y las libertades»,
denuncia la Brigada Vecinal. Hay barrios
madrileños, como Sol, Vallecas,
Lavapiés, Ciudad Lineal, Usera y Pacífico,
más susceptibles a estas redadas
«casi invisibles» que gozan de
«total impunidad». Estos controles,
insisten, violan derechos humanos
como la dignidad o la igualdad, socavan
la libertad de circulación y vulneran
la ley de Seguridad Ciudadana,
según la cual sólo se pueden realizar
cuando haya constancia de un
delito de grave alarma social.