El primer ministro, David Cameron, anunció ayer nuevas medidas penales contra los inmigrantes ilegales para contrarrestar las cifras oficiales que constatan el fracaso de su promesa de reducir la entrada de extranjeros en Reino Unido a «decenas de miles» antes de las elecciones del pasado mayo.

De acuerdo con la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS), la migración neta se disparó a 318.000 individuos en 2014, un incremento por encima del 50% respecto al año anterior y justo por debajo del pico previo registrado en 2005, que desató una oleada antiinmigración.

El balance entre los que entran y salen de Reino Unido arrojó entonces la cifra récord de 320.000, motivada en gran parte por la apertura de fronteras a Europa del Este. Una década después, el flujo de comunitarios sigue creciendo a un ritmo más elevado que el de los no europeos: 67.000 y 42.000 en 2014, respectivamente.

Cameron no se da por vencido y ayer reiteró su «ambición» de reducir la inmigración neta por debajo de 100.000 al año. Su nuevo plan de ataque apunta a los sin papeles y los que burlan las condiciones de su permiso de residencia en Reino Unido, que serán procesados si trabajan ilegalmente y correrán el riesgo añadido de perder la última paga.

El programa del Gobierno conservador, que se presentará en el Parlamento la semana próxima, incluirá un proyecto de ley en inmigración que cerrará huecos en el sistema penal vigente sobre «trabajo ilegal» y autorizará a la policía a incautar los sueldos de los ilegales. Al mismo tiempo se obligará a las agencias de empleo a publicitar vacantes laborales en Reino Unido antes que en el extranjero. Esta vía se emplea con frecuencia para contratar personal temporal en el sector agrícola y obreros para la construcción.

Según Cameron, la serie de medidas adelantadas ayer harán del país «un lugar menos atractivo para venir y trabajar ilegalmente». «Vamos a dar un paso radical y vamos a clasificar el trabajo ilegal como delito penal. Esto significa que los sueldos de migrantes ilegales se incautarán como beneficios del crimen», señaló en un discurso en el Home Office.

La legislación pretende restringir también los derechos de los solicitantes de asilo, que sólo podrán apelar contra una decisión negativa tras ser deportados del país. Londres se niega además a participar en el programa de acogida que se debate actualmente en la UE para distribuir equitativamente entre los Estados miembros a los náufragos de las pateras del Mediterráneo.

El repunte de la inmigración fuerza a los tories a lidiar en dos frentes. Cameron reiteró ayer que la reforma respecto a los subsidios de los comunitarios que trabajan o están en el paro será una línea roja en su renegociación sobre la pertenencia de Reino Unido a los Veintiocho.

Por otra parte, se revisarán a la baja los visados de trabajo que se conceden anualmente a los profesionales de países fuera del área europea. Esta medida chocará con los objetivos de los empresarios a medida que se afianza la recuperación de la economía británica.