El diálogo europeo sobre refugiados ha dado un giro que excluye a los inmigrantes ilegales. La reunión que mantuvieron ayer Merkel y Hollande en Berlín dejó obsoleta la terminología que manejaba hasta ahora la Comisión Europea, aportó claridad en cuanto a los conceptos y puso a los equipos técnicos a trabajar en un nuevo plan, en el que la canciller alemana advirtió que hay que aclarar todavía las «claves del reparto».
El presidente francés expuso a la canciller alemana que «es necesario diferenciar entre inmigrantes de motivación económica, para los que las leyes europeas establecen ya determinados límites, y refugiados por motivos políticos». «Quienes llegan a Europa de forma ilegal para buscar trabajo pensando que es un continente de prosperidad deben ser expulsados», sentenció, «pero no se puede rechazar a aquéllos que tienen derecho a solicitar asilo porque se haya superado una cuota».
Hollande recordó que a estos últimos las leyes europeas les reconocen el derecho de asilo. «No podemos responder a alguien que pide asilo que lo sentimos, que ya tenemos la cuota cubierta», rechazó la implantación de cuotas. Merkel, que hasta ayer defendía ese sistema, estuvo de acuerdo con este giro conceptual y se comprometió en la búsqueda de un modelo que permita «repartir» el esfuerzo de acogida entre todos los países miembros, asintiendo cuando Hollande señalaba que «hay países muy comprometidos en la recepción de peticionarios de asilo y otros países que podrían recibir a más».
Ambos jefes de Gobierno dejaron fijada así la dirección que seguirá el trabajo europeo en las próximas semanas, pero son conscientes de que, en palabras de Merkel, «la solución del problema está todavía lejos» y de que el flujo de refugiados constituye una realidad mucho más compleja que el propuesto plan de reparto. El gobierno alemán, por ejemplo, dispone de informes internos que demuestran que, una vez en territorio alemán, resulta imposible la deportación en la mayoría de los casos en los que la petición de asilo resulta denegada.
El informe constata, por ejemplo, que de los 31.000 peticionarios de asilo procedentes de los Balcanes que entre enero y septiembre de 2014 fueron rechazados, solamente 2.595 regresaron a sus países. El resto, en su mayoría intentos de disfrazar de asilo casos de inmigración económica, continúan en Alemania debido a la falta de medios y legislación específica que permita ocuparse eficazmente de las correspondientes deportaciones.
Alemania recibió en 2014 más de 200.000 solicitudes de asilo y aceptó más de 173.000. Este año espera que las solicitudes superen las 300.000 y apenas dispone de suficiente personal para tramitarlas todas. El 73% de los solicitantes asegura no tener documentos de identidad, lo que dificulta aún más el regreso a sus países, por lo que las autoridades alemanas no hallan forma de luchar contra el abuso del derecho de asilo.
Respecto al acuerdo europeo para planificar una misión naval en aguas del Mediterráneo que sirva para luchar contra las redes que trafican con inmigrantes, la canciller alemana advirtió de que sólo puede ponerse en marcha con «claro» respaldo jurídico internacional, lo que exige una resolución favorable del Consejo de Seguridad de la ONU. Desde Berlín se han expresado serias reticencias a participar en el hundimiento de barcos, aunque sí hay gran satisfacción por el consenso alcanzado para reforzar los fondos destinados a las operaciones de rescate de inmigrantes en el Mediterráneo.