Los ministros de Exteriores y de Defensa de la UE se reunieron ayer en Bruselas para dar el visto bueno a la primera operación militar comunitaria para combatir a las mafias que trafican con personas. Una operación polémica, complicada y que todavía deberá ser perfilada con mucho cuidado antes de recibir el sí definitivo de los jefes de Estado y de Gobierno en la cumbre de junio.

«Hemos aprobado dos documentos. Uno, la decisión que establece una operación de política común para desmantelar las redes de tráfico de seres humanos en el Mediterráneo. El segundo, la gestión de crisis, con la planificación de la operación», confirmó anoche el ministro español, José Manuel García-Margallo.

Tras la aprobación, el miércoles, de la Estrategia de Inmigración 2015 de la UE, uno de cuyos pilares es la lucha activa contra «el modelo de negocio» de esas mafias, según el nuevo lenguaje diplomático, los ministros han dado un paso más. Para empezar, aprobando el nombramiento del contralmirante italiano Enrico Credendino como comandante de la operación. Y consensuando que el cuartel de esta misión, llamada EunavFor Med y dotada de 11,82 millones de euros, esté en Roma.

Desde la cumbre de abril, los Estados miembros han manifestado su deseo de destruir los barcos que usan los traficantes. Europa se enfrenta, sin embargo, a dos grandes problemas: la falta de un mandato legal para destruir nada y el problema de Libia. Rusia ha dejado claro que la idea de ir hundiendo o bombardeando navíos está mucho más allá de lo aceptable. La ONU, que negocia estas semanas con la Alta Representante, Federica Mogherini, no ve tampoco con buenos ojos ir tan lejos. Y por todo ello, el tono del comunicado aprobado ayer es más suave, y ya no se habla de destrucción, sino de «dejar inoperativas» las embarcaciones, por ejemplo rompiendo sus motores, en el caso más extremo.

A pesar de ello, García-Margallo no dudó ayer en reiterar que, como no se quiere enviar de ninguna manera tropas al avispero libio, se sigue estudiando la opción de destruir barcos o instalaciones «desde el aire o el mar». Un paso muy serio.

El plan en sí aprobado ayer es simple. Asume que para la destrucción del «modelo de negocio de los traficantes de personas y sus redes», es imprescindible una «operación militar de gestión de crisis» que debe llevarse a cabo «identificando, capturando y disponiendo de los vehículos y los activos usados o que se sospeche que usan los traficantes». Pero ello ocurre en Libia, un país dividido por la guerra civil y sin una voz oficial y única con la que negociar. ¿Cómo se haría en la práctica? En la primera fase, se trataría de «detectar y hacer seguimiento de las redes migratorias a través de la recolección de información y las patrullas en alta mar, según la ley internacional».

La segunda fase, permitiría «abordar, buscar, retener y desviar en alta mar» esas embarcaciones sospechosas. Pero sólo en alta mar. Y una tercera, prevé la «neutralización de los navíos o las instalaciones en aguas interiores o el territorio libio», en palabras del ministro español.

«Para ir a la tercera fase es preciso contar con una resolución del Consejo bajo el capítulo 7º y España está trabajando muy activamente en la redacción», confirmó. ¿Qué pasaría de no lograrse? Si no hubiera resolución, en el supuesto de que no hubiera votos o fuera vetada, «bastaría para cumplir los requisitos de legalidad internacional con una solicitud expresa de intervención por parte de la autoridad libia legítima».

El problema es que ahora no hay algo definido como «autoridad libia legítima», por lo que, como explicó ayer Mogherini, se negocia a marchas forzadas con las fuerzas de Tobruk y las de Trípoli un borrador por el que ambos bandos pudieran autorizar estas misiones de destrucción en sus aguas o su territorio. Con la esperanza de que sea «en semanas».

García-Margallo, sin embargo, llamó ayer la atención al denunciar en el Consejo un tema que no estaba en la agenda: de los criterios propuestos en el plan de cuotas para acoger refugiados, que incluyen el tamaño de la Economía, el total de la población, la tasa de paro de un país y los esfuerzos en materia de inmigración y asilo. Según el ministro estos dos últimos factores «están infravalorados e infraponderados», por lo que a España le correspondería dar asilo a más emigrantes de los que al Gobierno le parece justo. Y eso es no es «proporcionado, justo y realista».

Preguntado por este diario por los motivos de que España, una potencia con un PIB de un billón de euros y 47 millones de habitantes, regatee por unos cientos de asilados, Margallo respondió que las cifras que se han comentado y las del año pasado, resultantes de las citadas cuotas, «se van a quedar muy cortas cuando la Comisión las ponga negro sobre blanco. No es por regatear, se trata de no generar falsas expectativas».