IKER RIOJA ANDUEZA VITORIA
La unidad de Investigación de la
Ertzaintza completó ayer, con la detención
de seis ciudadanos de nacionalidad
paquistaní, una larga
operación contra el fraude en el cobro
de las ayudas sociales de Lanbide,
cuya estimación económica se
ha fijado en 375.000 euros. Internamente
se había barajado la opción
de posponer esta redada hasta después
de las elecciones ya que el debate
sobre el fraude en la renta de
garantía de ingresos es uno de los
más acalorados tras las declaraciones
sobre los inmigrantes del pasado
verano del alcalde de Vitoria, Javier
Maroto (PP). Sin embargo, la
importancia de la operación, el riesgo
cierto de fuga de los defraudadores
y otros factores han forzado a
no demorar más las detenciones.
Los arrestados, cuatro residentes
en Vitoria y dos más en Ordizia (Gipuzkoa)
que antes vivieron en la
capital vasca, pertenecen a un mismo
entorno familiar y de amistad y
todos son oriundos de Pakistán.
Guardan relación con otra persona
arrestada en enero con hasta 16 pasaportes
distintos de los que se valía
para cobrar a la vez varias rentas
de garantía de ingresos. Esta
persona no ha sido detenida en esta
ocasión aunque ha vuelto a ser
imputada y citada para que comparezca
en sede judicial a la luz de las
nuevas investigaciones realizadas.
La nota oficial de la Ertzaintza
explicaba que los detenidos ayer
también poseían «documentos falsificados
», aunque las fuentes consultadas
matizan que disponían de
pasaportes «auténticos» facilitados
por las autoridades de Pakistán y
que eran utilizados para añadirles
nombres y sellos falsos. Los investigadores
de la Policía vasca sospechan
que esta red podría contar
con un enlace en la Embajada paquistaní
que les facilite documentos
originales que permitan realizar
falsificaciones de altísima calidad
técnica.
A partir de ahí, se falsificaban
también certificados de empadronamiento
para saltarse el mínimo
de tres años de residencia en el
País Vasco para cobrar ayudas sociales
e incluso contratos de alquiler
o subarriendo para acceder a
las prestaciones de vivienda. La
Ertzaintza ha realizado comprobaciones
en numerosos domicilios
para certificar que los datos que estas
personas habían entregado a
Lanbide no eran verdaderos.
Lanbide y la Ertzaintza cifraron
en 35 los «expedientes fraudulentes
», aunque el volumen podría ser
mayor ya que los inspectores han
analizado «más de un centenar de
expedientes dudosos», según las
fuentes consultadas. La operación,
en todo caso, se ha dado ya por cerrada
al ser muy complicado realizar
comprobaciones sobre identidades,
empadronamientos y contratos
de alquiler.
«Tenemos que alegrarnos por el
resultado de la operación policial y
felicitar a los servicios de investigación
criminal de la Ertzaintza por
su diligencia y su eficacia», manifestó
ayer la consejera de Seguridad,
Estefanía Beltrán de Heredia.
Por su parte, el director general de
Lanbide, Adolfo Alustiza, quiso
destacar que, aunque haya casos
de «delincuencia» en el cobro de
las prestaciones sociales, el fraude
es «limitado» ya que afecta únicamente
al 0,3% de un presupuesto
de más de 400 millones cuando en
Hacienda, dijo, es mucho mayor.
Twitter: @ikerrioja