MARIANO AGUIRRE
La Unión Europea debate sobre
bombardear los barcos de
los traficantes de inmigrantes y
solicitantes de asilo en el Mediterráneo.
Grupos de inmigrantes
tratan de saltar la valla en
Ceuta. Tailandia, Indonesia y
Malasia no permiten que barcos
con personas de Myanmar
y Bangladesh lleguen a sus
costas. En Sudáfrica se ataca a
trabajadores de países vecinos.
Y florece el negocio de los coyotes
que pasan gente ilegalmente
entre América Central,
México y Estados Unidos.
Miles de personas prefieren
perder la vida en el mar, o a manos
de los traficantes, a vivir en
la penuria, bajo la represión o en
medio de la violencia.
En Europa unos ven el flujo de
extranjeros como una ventaja
para contar con mano de obra
joven que contribuya a sostener
el sistema de seguridad social.
Otros los consideran fuente de
criminalidad. Entre las dos partes
están las convenciones internacionales
sobre asilo y el imperativo
humanitario. La crisis que
afecta a Europa y Estados Unidos
beneficia al segundo
sector. El discurso de la
ultraderecha contra la
inmigración gana adeptos en el
centro y los socialistas, como se
ha visto en las recientes elecciones
en Reino Unido.
La correlación entre pobreza,
desigualdad, guerra y violencia,
por un lado, y emigrantes y solicitantes
de asilo, por otro, es corroborada
por los datos. Unas
200.000 personas intentarán
cruzar el Mediterráneo en 2015
provenientes de Oriente Medio,
Eritrea, Mali y Nigeria. Aumenta
el número de sirios y palestinos.
En tanto, la desintegración
de Libia –dos gobiernos, decenas
de grupos armados— continúa
y crecen tanto la cantidad
de gente que quiere huir como
de traficantes.
El 11 de mayo la Alta Representante
de la Unión Europea
sobre Política Exterior y de Seguridad,
Federica Mogherini, se
reunió con el Consejo de Seguridad
de la ONU. En su presentación
indicó cinco parámetros:
respetar los acuerdos internacionales
sobre asilo y refugio; rescatar
a las personas cuyas vidas
corran riesgos en el Mediterráneo;
discutir un plan de relocalización
de asilados entre los
miembros de la UE; utilizar la
ayuda bilateral al desarrollo en
los países de origen de la inmigración;
y emplear todos los medios
legales y militares para
combatir el tráfico ilícito.
Este último punto es el más
controvertido. Francia, Lituania,
Reino Unido y España están preparando
un borrador de resolución
para el Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas. Se podría
utilizar la fuerza, siguiendo
el modelo de la operación Atalanta
contra la piratería en las
costas de Somalia. Existen reservas
jurídicas, políticas, morales
y prácticas, especialmente se refieren
a que se respeten el derecho
de asilo y a los inmigrantes
de acuerdo con las reglas
de la Unión Europea
de 1990. Libia, además,
carece de un gobierno unificado
que autorizara operaciones militares
foráneas.
Cuando la gente quiere huir
utiliza todos los medios posibles,
especialmente si están dispuestos
a viajar durante años para alcanzar
su objetivo. La migración
no se detendrá con bombardeos.
Europa puede planificar la recepción
y absorción de estas
personas, de forma segura y legal,
con mecanismos educativos
y laborales.
La alternativa es encerrarlos
en campos y empujarlos a deambular
por Europa.
M. Aguirre dirige el centro NOREF
en Oslo. www.peacebuilding.no