Empezó vinculada a Vitoria, y en el
programa del PP para el 24M apenas
ocupa un párrafo, pero la polémica
campaña contra el «fraude»
en las ayudas sociales se ha convertido
en el leitmotiv electoral que el
PP vasco ha extendido a toda
Euskadi. En una carrera hacia las
urnas que se les presenta complicada,
los populares han abrazado la
bandera agitada por el alcalde Javier
Maroto, y lo hacen allí donde
presentan candidato. Acusados de
populistas por el resto de siglas, en
el partido saben que es un debate
que está en la calle ahora que falta
el dinero y lo utilizan como munición
contra el PNV, gestor de la
Renta de Garantía de Ingresos
(RGI) que tramita el Gobierno vasco,
y sobre todo contra su máximo
responsable hasta hace poco, el ex
consejero de Políticas Sociales y actual
candidato a la alcaldía de Bilbao,
Juan María Aburto. «El PNV
fomenta la cultura del sofá, de vivir
del cuento y la bandurria. Nosotros,
la cultura del esfuerzo y de la integración
social», aseguró ayer el aspirante
a diputado general de
Bizkaia, Javier Ruiz.
La plana mayor del PP en la provincia
y la secretaria general del
partido, Nerea Llanos, anunciaron
ayer una batería de propuestas
contra este tipo de fraude –que es
«lo mismo» que el fraude fiscal, dijo
Antón Damborenea–,
en medio de la
calle y en un lugar
complicado, la plaza
Zabálburu, al final
de la calle Autonomía.
Es una zona degradada,
antes comercial
y de pisos
cotizados. Una zona
donde el PP cree llegar
bien a los ciudadanos
que ven esa
picaresca de mayor
o menor rango en su
misma escalera y
que no quieren discursos
políticamente
correctos. «No es lo
mismo decir lo que
decimos aquí que en
Las Arenas
[Getxo]», resume un
cargo popular.
Así que en el barrio
pobre, observados
por un joven latinoamericano,
por
una madre negra
con su hija pequeña,
por algún paisano curioso, los populares
se colocaron tras un cartel
que, sin siglas, decía, sobre fondo
azul, Ayudas sociales sí y, sobre
fondo rojo, Abusos no.
Damborenea, líder del partido
en Bizkaia, puso como ejemplo el
reciente caso de fraude a la RGI de
un ciudadano nigeriano residente
en Bilbao que llegó a cobrar 40.700
euros con una identidad suplantada
además de otros 50.800 euros
con la real. Subrayó que no lo detuvo
la Ertzaintza ni la Policía Municipal,
sino la Policía Nacional.
«El PNV no se ha preocupado» por
atajarlo, denunció. En palabras de
Javier Ruiz, el PP «cree» en la RGI
y la defiende, con un matiz: que
«los quinquis, delincuentes y caraduras
» no se aprovechen de los
«solidarios y generosos» vizcaínos.
CINCO MEDIDAS
¿Las medidas que prometen? Básicamente,
un mayor cruce de información
entre instituciones: «incrementar
el control» en el empadronamiento
municipal –debe haber
un mejor sistema de inspección para
que el padrón, «puerta de entrada
» al fraude, concuerde con la residencia
efectiva del perceptor de
ayudas–, firmar un convenio con
Extranjería para que la identidad
de los inmigrantes expulsados llegue
a Lanbide y otro con la Administración
de Justicia para que los
delitos también sean comunicados
a los servicios sociales –el PP quiere
que los delincuentes no puedan
percibir ayudas–. También plantean
hacer comparecer mensualmente
a los beneficiarios de las
ayudas para comprobar que no están
cobrando la renta desde fuera
de Euskadi, e implantar la huella
digital con el fin de certificar su
identidad.
¿Está fomentando el PP la animadversión
a los inmigrantes ? El
candidato a alcalde, Luis Eguiluz,
quiso dejar claro que no, que lo
que buscan es que su acceso a las
ayudas sociales no se «cronifique
». Y lo cierto es que esa realidad,
más allá del fraude mayor o
menor en las ayudas, lo asumen
todos los partidos. Eso sí, en privado.