Se presentaron en diferentes ayuntamientos de la provincia de Soria para formalizar su ‘relación’ como pareja de hecho. Ellos, egipcios o de origen magrebí. Ellas, malagueñas, de La Palmilla o la Cruz Verde. La Guardia Civil, extrañada por el desembarco de novios procedentes de la Costa del Sol en municipios numantinos, empezó a indagar. Los investigadores llegaron a la conclusión de que no era amor precisamente lo que fluía, sino dinero.

La operación, denominada ‘Bautizos’, ha sido desarrollada por la Comandancia de la Benemérita de Soria y se ha saldado con la detención de 15 personas en la provincia de Málaga, entre las que están ocho mujeres españolas que habrían cobrado unos 1.000 euros cada una por fingir ser parejas de los inmigrantes para que éstos regularizaran su situación.

Las pesquisas comenzaron en enero tras el «aviso» por parte de funcionarios y secretarios de los ayuntamientos sorianos de Ágreda, Almarza y Garray sobre las extrañas solicitudes de parejas de hecho. Según el teniente coronel de la Guardia Civil de Soria, Andrés Velarde, se llegaron a abrir nueve expedientes para obtener la documentación de empadronamiento y los certificados de inscripción en el registro de parejas de hecho de los respectivos municipios.

Sin vinculación con Soria

Los funcionarios continuaron con la tramitación solicitada, pero también pusieron los hechos en conocimiento de la Guardia Civil al «sospechar» de la composición de las parejas, ya que todas las mujeres procedían de Málaga, sin vinculación alguna con Soria, y los inmigrantes se encontraban en situación irregular en el país. El teniente coronel aseguró que se desconoce por qué eligieron los ayuntamientos sorianos.
La investigación comenzó en Soria al intentar registrarse varias parejas de hecho procedentes de Málaga

Tras diversas gestiones, los investigadores llegaron a la conclusión de que la constitución de las parejas era presuntamente fraudulenta, puesto que «no existía vínculo ni convivencia». De este modo, la finalidad sería únicamente la obtención de un certificado de inscripción de pareja de hecho, con el que posteriormente se solicitaba una tarjeta de residencia como familiar de ciudadano miembro de la Unión Europea. La trama cobraba a los inmigrantes entre 3.000 y 5.000 euros para llevar a cabo toda la gestión de los documentos, que tenían validez durante cinco años. Los presuntos cabecillas, encargados de captar clientes y realizar los trámites burocráticos, eran dos ciudadanos marroquíes. También se ha detenido a dos mujeres que, según las pesquisas, tenían la misión de conseguir a sus parejas.
También se ha detenido a dos empresarios acusados de hacer contratos fraudulentos a inmigrantes para justificar que tenían «medios de vida»

Paralelamente, la red utilizaba a empresas que supuestamente daban altas en la Seguridad Social sin que existiese actividad laboral que justificara los contratos, con el fin de «acreditar» que la pareja «poseía medios de vida». Los agentes han arrestado a un empresario malagueño vinculado al sector de la construcción y también a una mujer marroquí en Mijas que estaba dada de alta como autónoma relacionada con el comercio minorista. Se les acusa de hacer los contratos presuntamente fraudulentos.