El Ayuntamiento de Vic (Barcelona) no quiere remover un asunto en el que se metió de lleno en su día y del que se habló hasta en el Congreso. Ni quien en breve dejará la Alcaldía, Josep Maria Vila d’Abadal, ni ningún portavoz han querido hacer balance para este medio sobre la disputa que el Consistorio entabló con el estado hace cinco años, cuando pretendió incumplir las reglas y no empadronar a los inmigrantes sin permiso de residencia que no regularizaran su estancia en tres meses.

Tampoco han contestado si se ha delatado ante la Subdelegación del Gobierno a los extranjeros sin papeles que acudieran a inscribirse, como el primer edil anticipó en 2010. Fuentes consultadas coinciden en que no consta que la amenaza de Vila d’Abadal se haya materializado.

La norma no prevé que los ayuntamientos revelen los listados. Sólo la Policía Nacional, y bajo «estrictas condiciones», puede acceder al padrón, aclara David Moya, profesor de la Universitat de Barcelona y experto en Derecho de Extranjería: «Los municipios no pueden saber qué extranjeros son irregulares. Aunque se prescriba la inscripción mediante la tarjeta de residencia, también se admite el pasaporte, de modo que no se puede inferir que un extranjero sea irregular en todos los casos de inscripción con pasaporte». La ley no ha cambiado para imponer las barreras que el alcalde de Vic postuló, pese a que CiU defendió al actual presidente de la Asociación de Municipios por la Independencia, que también obtuvo comprensión por parte del PP.

«La argumentación jurídica tuvo poco recorrido, pues pasaba por exigir permiso de residencia o pasaporte con visado, requisito que no se correspondía con el texto legal. La intención al no exigir visado es permitir la inscripción de los extranjeros en situación irregular. No deja espacio para demasiadas dudas», expone Moya.

En Vic, la polémica ha quedado relegada. «Los debates han cambiado: Vic está lleno de estelades, el paro ha golpeado y hay familias a las que se debe facilitar alimentos», atestigua el concejal de ICV Xavier Tornafoch, contrario en su día a la reforma: «El alcalde recogió propuestas de Plataforma per Catalunya (PxC)».

El ex líder de esta formación xenófoba, Josep Anglada, ganó un regidor más en las elecciones de 2011, con lo que PxC ocupó cinco asientos en el pleno. «El debate se infló, ya no era la principal preocupación y el alcalde cometió un error. Le hizo una gran campaña a Anglada», añade Tornafoch.

10.354 foráneos habitaban la ciudad a finales de 2010, y se estimaba que un 2% eran sin papeles; ahora son 400 menos. Los recién llegados suponían casi un 25% de la población hace cinco años, una tasa que bajó del 24% a principios de 2015.