El alcalde de Gandia, Arturo Torró, fue llamado a declarar hace justo un mes ante la Fiscalía Provincial por el caso del empadronamiento de extranjeros. Los socialistas interpusieron una denuncia contra los derechos cívicos puesto que consideraban que se estaba produciendo un trato «discriminatorio» de los inmigrantes respecto al resto de los ciudadanos que querían residir en la capital de la Safor. Según el PSPV, el PP se excedía en los requisitos a los no comunitarios. Sin embargo, el primer edil explicó al fiscal que a cualquier persona que acude a la ciudad a inscribirse en el padrón se le pide la documentación y esta es remitida a la Comisaría de Policía Nacional para ser verificada.

De hecho, según Torró, en esta legislatura se han detectado un total de 250 inmigrantes que iban a empadronarse con documentación falsa, domicilios inexistentes o que los buscaba la Interpol. Lo que se pretende con esta medida de derivar los papeles ante los agentes es evitar la delincuencia.

Este sistema empleado por el ejecutivo popular no sólo desató las críticas de la oposición sino que tanto el Defensor del Pueblo como el Síndic de Greuges advirtieron de que era «discriminatoria». Ambas instituciones instaron al alcalde a no enviar a la Policía Nacional el DNI de extranjeros no comunitarios sin permiso de residencia. El gobierno desoyó estas recomendaciones.

Resolución en el BOE

Precisamente, en medio de todo este proceso, la máxima autoridad municipal quiso defenderse una vez más de su gestión y manifestó que el Gobierno Central le avala. Torró resaltó que se ha publicado en el BOE una resolución que da instrucciones técnicas a los ayuntamientos españoles sobre los pasos a seguir ante demandas de empadronamiento para comprobar la veracidad de los datos facilitados por el solicitante, sea de la nacionalidad que sea.

Torró recordó que ante las irregularidades detectadas en la Oficina del Padrón (falsificaciones, gente empadronaba que no residía…), «decidimos comprobar si la documentación presentada era correcta mediante un convenio con la Policía Nacional». Para ello, «nos amparábamos en una instrucción del consejo de empadronamiento en la que se indicaba que los ayuntamientos estaban facultados para verificar la autenticidad de la documentación».

La nueva ley obliga a empadronar a todos los ciudadanos, sean o no de nacionalidad española, sin ningún tipo de requisito previo, pero también obliga a los alcaldes a «ordenar los actos necesarios para comprobar la veracidad de los datos cuando haya indicios que hagan dudar de su veracidad». La nueva normativa amplía el margen de actuación para comprobar datos hasta los tres meses «cuando Gandia lo hace en una semana». El alcalde señaló que este año, si gana las elecciones, solicitará una revisión del padrón para 2016, «ante el descontrol de viviendas ilegales que afectan a la seguridad ciudadana».

Los socialistas indicaron que Torró ha interpretado mal la ley porque esta «obliga a empadronar a todos los ciudadanos». Mascarell señaló que Torró miente ante el fiscal porque «sólo se pedía unos trámites adicionales a los extranjeros no comunitarios y así ha quedado acreditado con manifestaciones y documentaciones que hemos aportado ante la Fiscalía».