Los países del Sur pusieron ayer en Bruselas el dedo en la llaga. La llaga de la acogida. Primero hay que salvar las vidas de los que se echan a la mar y luego recibir y acoger a esas personas, convertidas en inmigrantes o refugiados. Y esto último se revela casi más difícil que lo primero. Hay socios de la Unión que todavía ven el drama desde lejos. Los ahogamientos masivos de los últimos días han removido conciencias, pero aún sigue habiendo recelos.

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, reunidos de urgencia ayer en Bruselas, demostraron, al menos en sus discursos, espíritu de generosidad: pueden triplicar el presupuesto de la operación Tritón de Frontex (hasta los 9 millones mensuales, lo mismo que costaba la operación Mare Nostrum que puso Italia en marcha), duplicar los medios humanos y materiales, ampliar su radio de acción y, además, poner en marcha un plan integral que sirva para atajar con seriedad el drama de la inmigración en el Mediterráneo. Pero todavía habrá que esperar semanas. Como mínimo, para tener resultados palpables habrá que aguardar al mes de junio, cuando el debate volverá a nivel de jefes de Estado y de Gobierno.

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, que al término del Consejo se confesó «reconfortado» por el hecho de que se asuma por fin como europeo este problema, expresó su deseo de que las decisiones prácticas se activen cuanto antes. Lo primero será el dinero. Ningún país puso objeciones porque, en realidad, para la Unión, las cifras que se barajan en este caso son realmente pequeñas. Luego, más despacio, debería llegar lo demás.

«No hay varitas mágicas», advirtieron los diplomáticos españoles. «Esto no se soluciona de un día para otro». Una vez más, la maquinaria política y burocrática europea tarda en arrancar.

Hay todavía puntos en la propuesta que se elevó al Consejo que ofrecen dificultades. Uno de ellos, el que España plantea abiertamente: hay que diseñar un nuevo sistema de distribución de refugiados para que los países del Norte asuman su cuota de responsabilidad mientras los del Sur contribuyen controlando las fronteras de entrada al territorio común. En principio se planteaba la posibilidad de activar inmediatamente un plan de acogida de hasta 5.000 personas, de carácter voluntario. Finalmente, el número se cayó del documento en los minutos finales de la reunión. En opinión de España se trataba de una cantidad muy pequeña. La idea sigue en pie y dará lugar a más discusión porque, aunque se mantenga el objetivo de la voluntariedad, las naciones del Sur están dispuestas a exigir más compromiso a las del Norte.

Pero, no es este el único escollo. Hay más. Por el momento no verá la luz la idea de desplegar una operación de carácter militar para combatir a los traficantes de seres humanos con el expeditivo método de hundir sus embarcaciones y apresarlos en el mar. También esta propuesta queda a expensas de las concreciones que diseñe la Comisión Europea y de que se consigan salvar algunos obstáculos jurídicos de calado.

Porque para impulsar tal medida, e incluso para realizar misiones de control y vigilancia adentrándose en aguas libias, resulta imprescindible el consentimiento del país afectado o, en su defecto, una base jurídica sólida que sólo puede proporcionar una resolución de Naciones Unidas fundamentada en el capítulo 7 de la Carta. Y todavía no hay ni una cosa ni la otra.

Los 28 aseguran estar decididos a ponerse manos a la obra, aunque ello conlleve un tiempo. La próxima fecha clave será el 13 de mayo, cuando la Comisión Europea presente un plan amplio, no sólo de emergencia, para plantar cara al problema.

Será entonces cuando se definan con más detalle las necesidades presupuestarias y de medios humanos y materiales y se pongan sobre la mesa las primeras peticiones a los estados miembros.

En una segunda fase, tendrá que abordarse, además, una nueva política de integración y también de retorno de inmigrantes , desplegar acuerdos de devolución con los países de origen y tránsito y unificar planes de asilo que, hoy por hoy, siguen dependiendo de las legislaciones nacionales.

España asegura ya su disposición a contribuir «con generosidad» a las demandas, a todas, aunque aún no ha concretado nada. En esta disposición se incluye la posibilidad de asumir una cuota de refugiados aunque reclamando, en paralelo, que sean los países del Norte los que se mojen más para cubrir esta necesidad.

Éste sería un buen modo de demostrar que el principio básico que aceptaron ayer todos los socios –«se trata de un problema europeo»– empieza a hacerse realidad. En esta posición, Rajoy cuenta con el apoyo pleno del presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, quien abogó por «un sistema de cuotas justo» que reequilibre la situación actual, en la que el 95% de los refugiados va a nueve estados miembros, y sólo cinco de ellos acogen al 75%.

«El año pasado, hubo 600.000 demandantes de asilo», hizo memoria Schulz, «y sólo la mitad fueron reconocidos. Para Europa, ésta es», en su opinión, «una cifra viable, pero no si todos van al mismo país».

Ayer, hubo socios como Reino Unido que desembarcaron en el Consejo anunciando su disposición a aportar de inmediato buques de guerra, helicópteros y patrulleras. Su oferta que, en un principio sonaba bien, pronto demostró tener una condición clave: los rescatados deberían ser trasladados al país comunitario más próximo, principalmente Italia, y en ningún caso Gran Bretaña estaría en disposición de ofrecerles asilo en su territorio. El viejo problema del Norte y el Sur siempre acaba asomando cuando se habla de inmigrantes .

También Francia quiso mostrarse generosa y ofreció barcos. E incluso llegó a la mesa del Consejo una oferta de Noruega, país no comunitario pero que asegura estar dispuesto a ayudar con medios materiales y dinero. En total, sobre la mesa del Consejo, hasta 15 países lanzaron ofertas. España, sin embargo, prefiere esperar y conocer las demandas precisas de la Comisión.

La delegación española ha trabajado activamente para desencallar un debate complejo y buscar solución a un problema que Madrid viene denunciando desde 2002. Los diplomáticos españoles aseguran sentirse «cómodos» en esta discusión, aunque muchos saben que todas las expectativas no se verán ni mucho menos colmadas.

«La experiencia acumulada desde el año 2006, cuando afrontamos los problemas más graves de inmigración, nos permiten movernos con seguridad», explicaba la delegación española, antes de añadir que en la vertiente que afecta a la cooperación con los países de origen y tránsito –lo que se conoce como acuerdos de segunda generación–, la labor española es la más apreciada en la UE. Rajoy hizo especial hincapié en este aspecto. Se trata de una medida a medio y largo plazo pero con la vista puesta en la raíz del conflicto.

En ese contexto, el primer ministro maltés, Joseph Muscat, anunció que los líderes del bloque europeo acordaron en el Consejo «sostener una cumbre especial entre la UE, la Unión Africana y países clave para la migración más adelante este año en Malta».