José María Rodríguez

Las Palmas de Gran Canaria, 21 abr (EFE). – Las mafias que controlan el lucrativo negocio del tráfico de personas en el Mediterráneo llegan a cobrar a los inmigrantes desesperados por llegar a Europa hasta 7.000 euros por reservarles una plaza en un barco patera, en travesías que con frecuencia acaban en tragedia.

Los precios varían en función de la ruta, el barco empleado o, incluso, el lugar de la embarcación donde uno se dispone a cruzar a la orilla próspera del Mare Nostrum. Porque, como recuerda el director de Frontex, Gil Arias, hasta en los barcos patera hay clases, aunque en su caso la categoría vaya de ínfima a horrorosa.

En el pesquero que acaba de provocar en el canal de Sicilia la mayor tragedia que se recuerda en el Mediterráneo, se sospecha que buena parte de sus 850 ocupantes viajaban encerrados en las bodegas, con pocas posibilidades de sobrevivir en caso de naufragio.

“Si uno viaja en las bodegas, paga mucho menos que si va en cubierta. También es cierto que viajar en bodega incrementa el peligro, porque ya no es solo el riesgo de morir ahogado, sino el de morir por asfixia, como ha sucedido en algunos casos”, relata Arias.

Las informaciones que recibe la Agencia Europea de Fronteras cifran entre 500 y 1.000 euros la cantidad que las mafias cobran a los inmigrantes por cruzar el Mediterráneo en una lancha neumática.

Si el barco es mayor, las tarifas suben. De hecho, a principios de año se detectó la salida de Turquía hacia Italia de una serie de embarcaciones de inmigrantes, los denominados “barcos fantasma”, con ciudadanos sirios que huían de la guerra civil en su país pagando hasta 7.000 euros por persona.

Gil Arias ha dado a conocer estos datos a Efe en Las Palmas de Gran Canaria, donde la Guardia Civil ha reunido hoy a representantes de cuerpos de seguridad de 30 países europeos y africanos para intercambiar información sobre las redes de tráfico de personas.

La reunión se ha celebrado bajo la conmoción que han producido los últimos sucesos en el canal de Sicilia y en la isla de Rodas (Grecia), por lo que el Mediterráneo ha acaparado varias ponencias.

Sin embargo, también ha comentado la situación de la ruta atlántica hacia Canarias, por la que han accedido a España seis de cada diez inmigrantes llegados al país en los últimos diez años. Es decir, 62.555 sobre un total de 105.872 entre 2005 y 2014, según datos oficiales facilitados por el Gobierno al Congreso.

La Guardia Civil ha expuesto cómo tras un par de años en los que arribaron a Canarias 44.000 personas en cayucos (31.678 en 2006 y 12.478 en 2007), esas cifras se fueron reduciendo paulatinamente, hasta estabilizarse en un promedio de unos 200 irregulares anuales.

El director del Mando Operativo de la Guardia Civil, el teniente general Pablo Martín Alonso, ha subrayado que para ello resultaron claves los acuerdos suscritos por España con todos los países de la fachada atlántica, desde Marruecos hasta Guinea Bissau, orientados a intentar frenar los cayucos en las mismas costas de salida, en algunos casos con equipos conjuntos (como en Senegal y Mauritania).

¿Pero cómo conseguir algo similar con Libia, el país desde el que ahora parten la mayoría de los inmigrantes que cruzan el Mediterráneo? Tanto el director de Frontex como el oficial de la Guardia Civil reconocen que, en un país en descomposición y sin autoridad local con la que colaborar, eso parece ahora una “utopía”.

jmr/as/ram