La ‘Plataforma Ayudas más Justas’ ha entregado este viernes en el 
Parlamento Vasco 41.208 firmas en apoyo de su iniciativa para  endurecer
los requisitos de acceso a la Renta de Garantía de Ingresos  (RGI), una
ayuda destinada a las personas sin recursos o en riesgo de  exclusión.

GASTEIZ. El alcalde de Gasteiz y candidato a la reelección del PP,  Javier Maroto, ha rechazado “mezclar” los datos de apoyos a esta  propuesta con interpretaciones electorales, aunque ha pedido un  “respaldo fuerte en las próximas elecciones” para que la iniciativa  salga adelante.

Una vez depositados en la Cámara estos apoyos a la Iniciativa  Legislativa Popular (ILP) de esta plataforma – que plantea excluir de  la RGI a personas sin permiso de residencia, quienes no lleven cinco  años empadronados en Euskadi y a los condenados por determinados  delitos – , las firmas serán analizadas y en caso de resultar  validadas se iniciará la tramitación parlamentaria.

Esta plataforma se ha visto rodeada de la polémica desde su  surgimiento, puesto que estuvo precedida por las críticas de Maroto a  las personas magrebíes, a las que acusó de “vivir de las ayudas  sociales” y de no querer “trabajar ni integrarse”. Además, el  portavoz inicial de la plataforma, Patxi Gómez, tuvo que dimitir poco  después de asumir el cargo, al conocerse que estaba siendo  investigado por cobros indebidos del paro e impagos a la Seguridad  Social.

Este viernes, tras la entrega de las firmas, el alcalde de Gasteiz y candidato del PP a la reelección ha insistido en la necesidad de  modificar la normativa de la RGI para combatir el supuesto “fraude”.  Los datos correspondientes a los tres últimos años indican que las  irregularidades atribuibles a conductas de los perceptores de la RGI  y la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) sumaban 20,8  millones de euros en los tres últimos años, lo que supone un 1,6 por  ciento del presupuesto total de estas prestaciones durante ese  periodo, que asciende a 1.313 millones.

FRAUDE DEL 0,3 POR CIENTO

Dentro de esos 20,8 millones, existen distintos tipos de  “irregularidades”, de las que la suma de las que pueden calificarse  como “fraude” por parte de los perceptores apenas asciende a 3,8  millones de euros. Esta cifra supone un 0,3 por ciento del volumen  total de estas ayudas durante los tres años analizados.

Maroto, además, ha advertido de que los apoyos recibidos deben ser  un “toque de atención” para el resto de partidos, a los que ha  acusado de que, si pudieran tirarían estas firmas “a la papelera”.

El parlamentario del Partido Popular y candidato de esta formación  a la reelección como alcalde ha defendido “la justicia social tal y  como la entiende esta plataforma”. Además, y aunque ha asegurado que  este tema no debe mezclarse con interpretaciones sobre el efecto de  esta campaña en las elecciones municipales de mayo, ha pedido “un  respaldo fuerte en las próximas elecciones” para que la ILP salga  adelante. Maroto ha asegurado que “muchos” representantes del PNV,  del PSE, de EH Bildu y UPyD le dicen, “a escondidas”, que tiene  “razón”.

REACCIONES La entrega de las firmas en la Cámara ha estado precedida por el  acto celebrado este pasado miércoles en Bilbao, en el que más de un  centenar de colectivos – – entre ellos Cáritas, Médicos del Mundo, los  principales sindicatos y partidos como el PNV, PSE y EH Bildu – –   rechazaron restringir estas ayudas y defendieron la necesidad de  “fortalecerlas”.

Anteriormente, la patronal vasca Confebask suscribió una  declaración en defensa del actual sistema de la RGI, mientras que los  obispos vascos defendieron la “utilidad legítima” de estas ayudas y  rechazaron que los posibles abusos existentes puedan justificar la  restricción del acceso a estas prestaciones de amplios colectivos  sociales.

Por otra parte, un grupo de 68 sacerdotes de Gasteiz acusó a la  plataforma “manipulación”, y denunció las “amenazas y presiones”  sufridas por algunos feligreses  por parte de miembros de este  colectivo. El propio local de ‘Ayudas más Justas’ en Vitoria se vio  afectado por la controversia, después de que la oposición de la  capital alavesa denunciaran que estaba funcionando sin licencia.