no ha sido el naufragio que ha costado la vida a 400 personas – un buen número de ellos posiblemente niños y niñas – , frente a la costa italiana de Calabria el primer naufragio trágico en el Mediterráneo, aunque sí una de las tragedias más graves, comparable a la que ocurriera hace año y medio en Lampedusa. De hecho, llueve sobre mojado y esa lluvia no acaba de calar conciencias en las instituciones comunitarias ni en las prioridades de los socios de la Unión Europea. La inmigración procedente del norte de África y de países en conflicto como Libia, Irak, Yemen o Siria, es un fenómeno para el que la UE no tiene respuestas. De hecho, según cálculos de la OIT, 22.394 inmigrantes han muerto intentando llegar a Europa desde el año 2000, y quizá otros muchos ni siquiera han llegado a ocupar un lugar en las estadísticas oficiales. Los países de la UE celebran periódicamente cumbres, la última en Barcelona, con la inmigración como punto relevante del orden del día, pero lo cierto es que finalmente el asunto sólo forma parte de la trastienda de las políticas comunes, más volcadas en la gestión estratégica de la economía común y en la definición de las condiciones del mercado. Para empezar, y casi para terminar con las posibilidades de coordinar políticas, hay un problema de costes. Más allá de la convicción general de los gobernantes de que la inmigración debe ser controlada en términos de utilidad, seguridad y aportación a la economía europea, Europa tiene un problema de sostenibilidad de su propio modelo de bienestar y esto se ha traducido en una insensibilidad, cuando no un rechazo, a la inmigración que ha calado en amplias capas de población. Pero, además, hoy es la frontera sur – Italia y España fundamentalmente – , la que mira a los socios del norte para afrontar una política conjunta que implica dedicar recursos para la gestión humanitaria y medios para controlar las fronteras sin encontrar aliados a sus reclamaciones. La vergüenza de las imágenes de cientos de personas ahogadas frente a las costas de la UE no es suficiente para mover a una acción conjunta que debería afrontar el problema con un doble criterio: paliativo en términos humanitarios y de corresponsabilidad en el desarrollo de los países de origen. Es preciso crear las condiciones de seguridad, empleo y bienestar que desmotiven a jugarse la vida en un incierto viaje. Pero los intereses económicos y políticos de la UE en los países de origen de estas personas parecen ir en sentido contrario: inseguridad, violencia, explotación y pobreza.