La plataforma Ayudas más Justas ha conseguido recabar 40.000 firmas que presentará el viernes en el Parlamento vasco con el fin de promover una Iniciativa Legislativa Popular que logre endurecer los requisitos de acceso a ayudas sociales como la Renta de Garantía de Ingresos (RGI).
El objetivo de la plataforma es que la Cámara de Vitoria reforme la RGI para impedir que puedan acceder a esta renta los inmigrantes irregulares y quienes no estén empadronados en Euskadi al menos durante cinco de los diez años anteriores al momento de la solicitud.
Si no se cumple este requisito, los solicitantes de la ayuda deben acreditar cinco años de actividad laboral remunerada, salvo aquellos que perciban una pensión o hayan sido víctimas de maltrato doméstico. También se quiere prohibir el envío de dinero procedente de estas ayudas “fuera de la comunidad autónoma” e impedir que puedan percibirlas los que tengan antecedentes por terrorismo, homicidio y otros delitos. Los integrantes de la plataforma consideran que han “cumplido y superado” su objetivo, ya que con 30.000 firmas era suficiente para promover una iniciativa legislativa popular en el legislativo.
De las 40.000 firmas recogidas a lo largo de los últimos tres meses y medio, más de 30.000 proceden de ciudadanos de Vitoria. El hecho de que sean los vecinos de la capital alavesa quienes hayan suscrito mayoritariamente esta iniciativa responde, según la plataforma, a que es en esta ciudad donde la gente está percibiendo más el problema que existe con las ayudas sociales.
El alcalde de Vitoria, Javier Maroto, señaló a la agencia Efe que las firmas recogidas demuestran que una amplia mayoría de ciudadanos pide con total claridad que hay un sistema de ayudas sociales que debe mejorarse. “Negar la evidencia es insultar a la inteligencia de la gente. Ha llegado la hora de que el resto de partidos hablen por fin de un sistema de ayudas que realmente preocupa a la gente y de buscar soluciones para que las ayudas sociales lleguen solo a quienes de verdad las necesitan”, recalcó.
El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, manifestó ayer mismo su respeto a la iniciativa, pero puntualizó que discrepa profundamente del contenido y con las formas tan populistas que ha utilizado, después de unas polémicas declaraciones en las que el alcalde acusó a marroquíes y argelinos de no querer trabajar y abusar de las ayudas sociales.
Por otra parte, Erkoreka explicó que la normativa autonómica para proteger los derechos lingüísticos de los consumidores tiene un grado de cumplimiento del 22%.
En la comparecencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, aseguró que el Ejecutivo ha emitido su criterio desfavorable a la toma de consideración en el Parlamento de la proposición de ley de EH Bildu para proteger los derechos lingüísticos de los consumidores en Euskadi.
Erkoreka la consideró innecesaria porque “ya existe legislación del Gobierno vasco en este ámbito”, a lo que añadió que “un sistema sancionador no es lo más eficaz para fomentar el uso de euskera”.