La propuesta estrella del PP vasco, la
recopilación de firmas para que el
Parlamento debata un endurecimiento
de los requisitos para acceder
a la Renta de Garantía de Ingresos
(RGI), va avanzando. El partido ha
conseguido hasta 40.000 firmas a
través de la plataforma Ayudas+Justas.
Con la apertura de este complicado
debate los populares también
han logrado una inusual alianza en
su contra: PNV, PSE-EE y EH Bildu
se han unido a cerca de un centenar
de movimientos sociales e incluso religiosos
como Cáritas en una contracampaña
social «en defensa de la
RGI» que se presenta hoy.
Quien promueve la iniciativa y ha
ido recabando las adhesiones es la
Red Europea de Lucha contra la Pobreza
y la Exclusión Social (EAPN
por sus siglas en inglés), que tiene su
sede central en Bruselas. La campaña
discurrirá hasta el 30 de abril. Repartirán
chapas a favor de la RGI,
pegatinas para colocar en ventanas,
oficinas y comercios, se repartirán
dípticos, se organizarán charlas, partidos
de fútbol entre beneficiarios de
estas ayudas… y acabará con un acto
público probablemente en Vitoria,
la ciudad donde nació este debate a
iniciativa del alcalde, Javier Maroto,
y a una semana de la precampaña de
las elecciones municipales y forales
del 24-M.
Los populares aseguran que no les
hará daño porque su queja respecto
a los «abusos» y «fraudes» en la concesión
de las ayudas sociales es una
cuestión «social» y «transversal».
«Nos han llegado apoyos de gente
que no tiene nada que ver con el PP,
nada», indican fuentes del partido,
que puede felicitarse de haber generado
uno de los leitmotivs de esta carrera
hacia las urnas.
La nueva iniciativa se llama Eskubideak+,
Derechos+, y de momento
está firmada por 86 partidos, ONGD,
movimientos sociales y religiosas,
entidades y empresas del mundo de
los servicios sociales. Algunos ejemplos
al margen de las formaciones
políticas son Cáritas –la organización
caritativa financiada por la Iglesia
Católica– de Bizkaia, Gipuzkoa y
Álava; el Centro Social Ignacio Ellacuría,
de los jesuitas; la asociación
SOS Racismo; el sindicato CCOO; la
coordinadora de ONGD vascas; la
oficina de ayuda al refugiado CEAR
Euskadi o Médicos del Mundo.
La campaña y su manifiesto central
se presentarán a las 11.30 horas
de hoy en el centro cívico la Bolsa de
Bilbao, con la presencia confirmada
de miembros del PSE-EE –sus candidatos
a diputado general de Bizkaia,
Carlos Totorica, y a alcalde de Bilbao,
Alfonso Gil– y de EH Bildu, según
informan desde la plataforma
convocante, que ya venía trabajando
en la necesidad de reivindicar el privilegiado
sistema de la RGI vasca pero
que en los últimos meses siente
una «mayor preocupación» ante el
«clima social contrario o quejoso respecto
» a estas ayudas, que socialmente
parecen estar vistas como repletas
de fraude y sujetas a la arbitrariedad:
«El fraude debe controlarse
en cualquier ayuda pública, pero el
fraude de la RGI se está exagerando.
Es un 0,3%, cuando sabemos que el
en el pago del IVA o el IRPF es mucho
mayor», dice su portavoz en
Euskadi, Alfonso López.
Los firmantes ven con preocupación
«el aumento de la vulnerabilidad
social, la pobreza y la exclusión
en Euskadi», donde esta población
ha aumentado del 17,9% en 2008 al 22,7% en 2014 –de 385.087 a 489.447
personas–, concretan, tomando prestados
los datos de un reciente estudio
del Gobierno vasco. Argumentan
que el sistema de la RGI surgido a
partir de un plan vasco de rentas mínimas
a finales de los 80 permite hoy
a unas 118.000 personas (65.000 familias)
«vivir con un mínimo de dignidad
», al tiempo que posibilita que
el índice vasco de pobreza sea inferior
al de la media española y europea.
Los firmantes asumen además
«la necesidad de mejorar este sistema
», pero destacan su «preocupación
» ante «el clima generado en
contra» de esta renta social. Desde
EAPN dicen que el PP no ha contestado
a su solicitud para reunirse.
En el PP están satisfechos por el
impacto de una propuesta que se ha
convertido en objeto de muchas
conversaciones en los bares y en las
calles de Euskadi, «incluso en los
batzokis», pero saben también que
existe el riesgo del desgaste. Su secretaria
general en Euskadi, Nerea
Llanos, denunció ayer –sin referirse
aún a la contracampaña apoyada
por sus rivales políticos– la «demagogia
» de los partidos que les acusan
de xenofobia, cuando lo que
ellos reclaman es un mayor control,
«independientemente del origen del
receptor». Llanos sostuvo además
que a las declaraciones del alcalde
de Vitoria al señalar a los marroquíes
y argelinos por no querer trabajar
y «vivir de las ayudas sociales»
se les «ha dado un sentido que no
pretendía». «De lo que se trata es de
que las ayudas lleguen a quien tiene
que llegar», defendió. La RGI, añadió,
debe servir para la inserción laboral
y no como una «renta vitalicia
».
La plataforma Ayudas + Justas ha
recabado en los últimos tres meses
y medio 40.000 firmas que presentará
este viernes en el Parlamento Vasco
con el fin de promover la Iniciativa
Legislativa Popular impulsada
por el PP. De ese montante, la gran
mayoría, más de 30.000, proceden
de ciudadanos de Vitoria. El objetivo
es que la Cámara reforme la RGI
para impedir que puedan acceder a
esta renta los inmigrantes irregulares
y quienes no estén empadronados
en Euskadi al menos durante
cinco de los 10 años anteriores al
momento de la solicitud. También se
quiere prohibir el envío de esos ingresos
más allá de las fronteras de
Euskadi e impedir que puedan percibirlas
quienes tengan antecedentes
por terrorismo, homicidio y otros
delitos.
Javier Maroto aseguró ayer a Efe
que las firmas recogidas demuestran
que «una amplia mayoría de
ciudadanos» pide «con total claridad
que hay un sistema de ayudas sociales
que debe mejorarse». «Negar la
evidencia», advirtió, «es insultar la
inteligencia de la gente».