Los servicios secretos franceses tendrán muchos más medios técnicos y una amplia cobertura legal para interceptar comunicaciones de sospechosos, acceder a redes y bases de datos u obligar a las operadoras a facilitar contenidos. Sus acciones se realizarán bajo control político y administrativo, pero no judicial. Así lo prevé el polémico proyecto de ley sobre los servicios de información cuyo debate comenzó ayer en el pleno de la Asamblea Nacional tres meses después de los ataques yihadistas de París que costaron la vida a 17 personas.
Las redes sociales, las operadoras, los motores de búsqueda en Internet o las empresas que alojan bases de datos estarán obligadas a comunicar a los servicios secretos las actividades de usuarios sospechosos con actividades terroristas o de espionaje. Para ello, deberán instalar unas cajas negras para captar automáticamente esas acciones.
El proyecto de ley también prevé legalizar prácticas habituales que los servicios secretos realizan hoy al margen o en el límite de las normas. O solo bajo mandamiento judicial. Con la nueva ley, en cambio, podrán colocar micrófonos donde lo crean necesario, entrar en domicilios en situaciones excepcionales, acceder en tiempo real a ordenadores de sospechosos, o colocar balizas de seguimiento en sus automóviles.
El propio primer ministro, Manuel Valls, defendió ante la Asamblea el proyecto. Destacó que siete franceses o residentes franceses han muerto en ataques suicidas en Siria e Irak. A estos países han partido ya 1.550 yihadistas desde Francia.
Poco antes del inicio de la sesión parlamentaria, varias decenas de personas se manifestaron ante la Asamblea para protestar contra un texto que califica de “liberticida” el Observatorio de Libertades y Sistemas Digitales, creado por asociaciones de derechos humanos, jueces, abogados y sindicatos.