Menos de la mitad de los migrantes retenidos en los CIE en 2014 fue expulsado

Gara, @zalduariz, 10-04-2015

Hasta 7.286 personas fueron privadas de su libertad en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) del Estado español en 2014, de las cuales 3.483 fueron finalmente expulsadas, frente a 3.930 que quedaron en libertad tras pasar una media de 26 días encerradas. El Gobierno rechaza contestar las preguntas sobre las denuncias de malos tratos.

Ni la mitad de las personas ingresadas en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) durante el año 2014 fueron finalmente expulsadas del Estado español. Concretamente, la Policía española privó de su libertad en estos centros a 7.286 personas a lo largo del año pasado, de las cuales 3.483 fueron expulsadas y 3.930 quedaron posteriormente en libertad, tras una media de 26 días encerradas.

Así consta en las respuestas del Gobierno español a las preguntas del diputado de Amaiur Ion Iñarritu, en las que sin embargo declina realizar comentario ninguno a la pregunta sobre la cantidad de denuncias por malos tratos registradas. Las preguntas fueron registradas el pasado 20 de enero, por lo que las respuestas llegan casi tres meses más tarde.

Por países de origen, la mayoría de personas privadas de libertad en los CIEs del Estado español son, presuntamente, de países norteafricanos como Marruecos (1.533 personas), Argelia (1.162), Camerún (507) o Mali (417).

En el punto de mira del Consejo de Europa

Los datos relativos a 2014 se conocen dos días después de que el Consejo de Europa publicase un duro informe contra el Estado español a cuenta de las condiciones en los CIEs. Tras la visita de una delegación de la institución durante el pasado verano, el Consejo de Europa constató en su informe de esta semana los nulos progresos de las autoridades españolas respecto a la anterior visita en 2011 y calificó de «humillante» el trato de los policías españoles a los internados.

La institución también critica el aspecto de cárcel de los CIEs (visitaron el de Aluche, en Madrid, y el de la Zona Franca, en Barcelona), así como la sobreocupación de las celdas, elemento que el Gobierno español niega en las respuestas ofrecidas a Amaiur.

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