Lo más positivo del reciente anuncio del ministro de Sanidad de que se devuelve la atención a los inmigrantes en situación irregular, esa atención que les arrebató sin escrúpulos, dejándoles a las puertas de urgencias, es que supondrá un alivio en el dolor físico de muchas personas a las que el PP había relegado a ciudadanos de segunda, abocados a una desatención que ponía en riesgo sus vidas. Nunca he sido inmigrante, no sé si lo seré alguna vez, todo puede pasar. No sé qué se tiene que sentir cuando estás a miles de kilómetros de tu casa, lejos de la familia, quizás con un trabajo en precario, quien sabe en qué condiciones de vivienda y de pronto enfermas y entonces eso que tu creías que era incuestionable, el derecho universal a la salud, en un país de los que se llaman primer mundo, se te niega, y tu enfermedad se agrava y tu situación vital empeora. Eso es así. Y el PP, aunque rectifique, sigue sin reconocer que ha vulnerado un derecho universal. Porque ese es el tema central. Ya lo decía Bertol Brech, que “primero vinieron a por los negros y como no era negro…; luego a por los judíos…; ahora me llevan a mí, pero ya es demasiado tarde”. Nos puede tocar a todos. Por ese camino de no reconocer la salud como un bien público vamos hacia un modelo de salud entendida como un lujo al alcance de los que tengan dinero. Por eso, cuando se plantean soluciones, desde el PP se habla de un enfoque utilitarista en el que no se ve a los inmigrantes como sujeto de derecho, sino que se les da ese servicio de manera parcial (solo atención primaria) para evitar “problemas” a los de aquí, que traigan una enfermedad rara de allá o que colapsen urgencias, la única vía por la que se les atendían. Algunos médicos hicieron objeción de conciencia a la reforma diciendo que ellos estaban obligados a atender a cualquier persona con o sin tarjeta. La mayor parte de las comunidades autónomas encontró resquicios para atender a los inmigrantes. Y una vez mas se demostró que el autogobierno se traduce en mejoras sociales, ya que la ley aprobada por el Parlamento foral, pese a UPN y el PP, garantizó que en Navarra toda persona tenga derecho a tarjeta sanitaria por el hecho de residir aquí.