madrid – Los inmigrantes que se encuentran en España en situación irregular volverán a tener derecho a la atención primaria en el Sistema Nacional de Salud (SNS), pero no recuperarán la tarjeta que les fue retirada con la aprobación de la reforma sanitaria en 2012. El anuncio realizado por el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, fue celebrado ayer por los médicos y acogido con cautela por la oposición y organizaciones sociales, que creen que esta medida se queda corta pues no recupera el carácter universal de la sanidad pública. Hasta ahora, los inmigrantes en situación irregular podían ser atendidos en urgencias, durante el embarazo, el parto, el postparto, y todos los menores de edad tenían garantizada la asistencia sanitaria. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, justificó la medida anunciada por Sanidad en que “parece más sensato y razonable” que la atención a estas personas se haga a través de los ambulatorios, para que no se colapsen las urgencias.

El secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, informó de que el Gobierno acordará con las CCAA la creación de un programa de asistencia sanitaria a los inmigrantes que cumplan una serie de requisitos – como un tiempo mínimo de empadronamiento – y que incluirá, entre otras garantías, la asignación de un médico de atención primaria. Los inmigrantes irregulares tendrán acceso a diagnósticos en materia de prevención y a tratamientos básicos dentro de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, pero no a la asistencia especializada ni a la atención fuera de su comunidad.

La Organización Médica Colegial (OMC) celebró este anuncio que rectifica una medida impulsada por la anterior ministra de Sanidad, Ana Mato – la de la reforma sanitaria promovida a través del Real Decreto 16/2012 – y que había sido rechazada por los médicos. “Desde el primer momento en que se aprobó esta medida la OMC pidió reiteradamente que se devolviera la atención sanitaria a los inmigrantes en situación irregular”, recordó esta organización.

En la misma línea se pronunciaron la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) y el presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), José Luis Llisterri. “Atender a estos inmigrantes de una manera universal en el centro de salud es un aspecto destacado y relevante”, afirmó Llisterri.

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp) tildó la medida de “demagógica y electoralista” y e instó al Gobierno a rectificar y derogar la reforma sanitaria para garantizar el acceso a la atención sanitaria a todas las personas que viven en España. También la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que forma parte de la Coalición por el Derecho a la Salud, pidió al Gobierno que restituya el carácter universal de la sanidad.

UGT, CCOO y CSI – F ven esta medida “insuficiente” y apuntaron que van a seguir trabajando hasta que se les devuelva la tarjeta sanitaria a los sin papeles y la sanidad sea “universal”.

El portavoz socialista de Sanidad en el Congreso, José Martínez Olmos, opinó que este anuncio es una “rectificación insuficiente” y una medida “electoral” del Gobierno. Martínez argumentó que la insuficiencia de la medida se debe a que “muchas personas que tienen enfermedades crónicas necesitan de la atención sanitaria de los hospitales”.

El PSOE, además, reclamó la comparecencia parlamentaria del ministro para que explique la medida, al igual que UPyD. La líder de esta formación, Rosa Díez, quiere saber por qué considera ahora el Gobierno que puede existir un riesgo de salud pública si los sin papeles no reciben atención sanitaria “cuando lleva tres años defendiendo lo contrario”. Igualmente, Podemos considera que el PP pretende buscar un “efecto electoralista” con esta medida que, sin embargo, “no resuelve el problema” de la atención a los inmigrantes sin papeles, y demandó la derogación del real decreto ley de “exclusión sanitaria”. – D.N.

los resquicios

La mayoría de CCAA esquivaron la ley

Trabas. La mayor parte de las comunidades autónomas encontró resquicios para mantener la atención sanitaria a los sin papeles, pero incluso en estas ha habido “casos de trabas”. Médicos del Mundo concluía que Andalucía y Asturias mantenían el acceso normalizado. Ocho autonomías – CAV, Aragón, Canarias, Cantabria, Catalunya, Extremadura, Galicia, Comunidad Valenciana – ampliaron el acceso fijado por el Gobierno con “programas complementarios”. Además, cinco – Madrid, Murcia, Castilla y León, Baleares y La Rioja – hacían excepciones en enfermedades crónicas, mentales o riesgo para la salud pública. Solo Castilla – La Mancha aplicaba el decreto.