A falta de dos meses para las elecciones municipales y autonómicas, el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, anunció ayer que los inmigrantes en situación irregular volverán a ser atendidos en Atención Primaria.

Con esta decisión, Alonso da marcha atrás a una de las medidas más polémicas adoptadas por su predecesora Ana Mato, que excluía a los inmigrantes sin papeles de la cobertura sanitaria ordinaria y les limitaba la atención a las urgencias.

No obstante, por el momento, no está claro cómo va a materializarse esta decisión, ya que el ministró dejó ayer muy claro que está «completamente en contra» de que los sin papeles tengan tarjeta sanitaria, con lo cual, sigue habiendo muchos interrogantes en torno a esta medida.

No será hasta el próximo Consejo Interterritorial de Salud cuando se apruebe y se concrete este anuncio de ayer, y esto no sucederá hasta dentro de, como mínimo, tres meses, y siempre después de las elecciones. Hasta entonces, queda en manos de cada Comunidad Autónoma ampliar o no la asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares que viven en su territorio.

En estos momentos, los profesionales no terminan de ver claro cómo se va a hacer efectiva esta medida. José Luis Quintana, médico de Atención Primaria y vicepresidente de la Sociedad Madrileña de Médicos de familia, explicaba ayer a este periódico al conocer la noticia que «es una fantástica idea que el Gobierno haya rectificado una medida que fue un error y un retroceso», aunque señala que «al menos en Madrid, sin tarjeta sanitaria, la atención es muy complicada», por lo que, «salvo que se habilite una vía específica para estas personas», los problemas logísticos y burocráticos persistirán. Quintana, quien durante este tiempo ha seguido atendiendo «como buenamente ha podido» a todos los inmigrantes que llegaban a su centro de salud en Getafe, señala que «si sólo nos van a dar el permiso para atenderlos pero se van a mantener las mismas condiciones, la verdad, habríamos ganado bien poco».

Según informaciones conocidas ayer, está previsto que Sanidad facilite a los inmigrantes irregulares «un documento» que será renovable cada año y que servirá para ser atendido en la comunidad en la que se esté empadronado. Dicho documento asignará un médico de referencia a la persona y, para poder obtenerlo, serán necesarios una serie de requisitos aún por definir, como llevar un cierto tiempo empadronado en una ciudad. Rajoy declaraba ayer que el objetivo de la medida es no colapsar las urgencias, informa Marisa Cruz. Sanidad niega así que el fin de la medida sea enmendar la decisión de Ana Mato.

Desde Médicos del Mundo, una de las organizaciones que más ha batallado por la cobertura sanitaria para todas las personas, califican este anuncio de «insuficiente», y coinciden también en que, si no se devuelve la tarjeta sanitaria, habrá muchos inconvenientes: «sin una tarjeta no se tiene historial clínico, ni médico de cabecera, ni se puede derivar a la persona a un especialista o pedirle unas pruebas específicas».

Miguel Ángel es uruguayo, vive en Galicia y es uno de esas 873.000 personas que se quedaron sin asistencia sanitaria al entrar en vigor el real decreto. En conversación con este periódico, cuenta que, un día, empezó a sentir una inflamación en el pecho que se fue haciendo cada vez más grande, hasta llegar al tamaño de una pelota de golf. «Estaba aterrado, me urgía la atención médica pero tenía un miedo enorme de que al ir al médico pudieran avisar a inmigración», cuenta.

Tras un período de búsqueda, dio con la ONG Médicos del Mundo, a quienes «agradece muchísimo su atención formidable». Allí le dijeron que no tuviera miedo, que tenía derecho a acudir a urgencias. Finalmente fue, le operaron, y tras la intervención le reclamaron un coste de 361 euros, algo que en aquel momento «no estaba en condiciones de pagar». Otra vez, la organización se encargó de gestionarlo todo. Ayer, Miguel Ángel contaba a EL MUNDO que se «alegraba muchísimo» del anuncio hecho por el ministro, «porque todos somos ciudadanos».