Proporcionar chalecos antibalas a
los agentes que operan en primera línea
es una demanda habitual de los
sindicatos policiales. La reivindicación
ha reflotado desde que los cuerpos
de seguridad están bajo alerta
tras los atentados islamistas de París.
Tarragona, por ejemplo, se ha hecho
con 20 protectores interiores y más
de 17.000 mossos empezarán a recibir
paulatinamente las camisolas que
se esconden bajo el uniforme tras
acordarse en 2014.
En Badalona, el tercer municipio
más poblado de Cataluña, el Ayuntamiento
y los sindicatos han discutido
coincidiendo con el aumento de
la alarma antiterrorista la compra
de chalecos ligeros para entregarlos
a los urbanos que rondan por la
calle, pero no se ha alcanzado un
compromiso. El Sindicato de Funcionarios
de la Policía (SFP) y la
UGT requieren al gobierno local, en
manos del PP, que financie una remesa
al 100%, como una prenda
más. En cambio, el Consistorio
piensa que los agentes están protegidos
con los petos que se colocan
sobre la ropa y que los coches patrulla
disponen para una urgencia.
En todo caso, plantea que quienes
quieran tener uno de los que se adhieren
a la piel paguen la mitad del
precio.
Un chaleco antibalas cuesta entre
350 y 400 euros. La oferta del gobierno
del alcalde Xavier García Albiol
supondría que cada policía que
desease una pieza habría de abonar
alrededor de 200 euros.
El SFP rechaza la sugerencia. En
línea con lo que el Sindicato Unificado
de la Policía defiende para la
Policía Nacional o exigieron las centrales
de los Mossos durante años,
arguye que los prototipos deberían
ser individuales, a diferencia de los
actuales, que consideran aparatosos
y restringidos a actuaciones en que
es evidente el riesgo, no para cuando
es sobrevenido.
«El chaleco interno permite llevarlo
las ocho horas de jornada. El
otro es insufrible», apuntan en el
sindicato, y lo definen como más cómodo,
higiénico y seguro: «Se adapta
a la talla del policía y tienen el
mismo nivel de seguridad, pero con
la ventaja de que protegen también
de punzones y cuchilladas y cubren
flancos y brazos. Los actuales los
dejan descubiertos».
El concejal de Seguridad, Miguel
Jurado, cree que la solicitud
no tiene que ver con el riesgo a un
atentado y la circunscribe a una
cuestión de comodidad. «Con los
25 chalecos externos que esperamos,
tendremos unos 130, suficientes
para los agentes operativos,
que no llegan a cien por turno.
Hay que tener sentido común
con el dinero público. Se pide que
forme parte de la uniformidad, pero
eso no lo tiene ninguna policía
municipal de España. No tenemos
partida y, además, ¿qué hacemos
con 120 chalecos con plena vigencia?
¿Los almacenamos? No es un
problema de seguridad».
El edil añade que el Consistorio
sólo se plantearía convocar un concurso
público para adquirir protectores
si «como mínimo 20 o 25 policías
lo reclaman», aunque sin asumir
el importe íntegro.
El SFP replica que muchos de los
petos actuales no son de propiedad
municipal, sino incluidos en el alquiler
de los coches policiales, y recuerda
que Badalona no ha repuesto
apenas el vestuario de la Guardia
Urbana en los últimos años. Si se
encargaran 200 chalecos ligeros, implicarían
un coste de unos 80.000
euros. Algunos policías se los han
comprado por su cuenta.
CiU propondrá mañana en el
pleno municipal de Badalona que
se revise el presupuesto para invertir
en chalecos antibalas y anticorte
«ante la elevación a nivel de alerta
tres por el riesgo de atentados
terroristas de naturaleza yihadista
», reza su moción. Los nacionalistas
opinan que los urbanos no
deberían abonar ninguna cantidad,
«de la misma forma que no se hace
con el armamento o los vehículos».