Etxebarri – Las hermanas Mariasun y Beatriz Lujua padecieron mobbing inmobiliario para obligarles a abandonar su vivienda junto al polígono Lezama Leguizamón de Etxebarri, según ha ratificado la sección primera de la Audiencia Provincial de Bizkaia. Esta última sentencia es firme y, rechazado el recurso de los condenados, viene a ratificar la resolución del Juzgado de lo Penal número 5 de Bilbao, que en mayo del año pasado dictó penas de un año y nueve meses de cárcel, además de 3.000 euros de indemnización, para los cinco acusados de participar en la comisión de este delito. Esta condena por un delito contra la integridad moral zanja un caso que durante dos años causó una gran polémica en la zona.

El foco de este conflicto, que llega definitivamente a su fin, fue un edificio de tres plantas situado junto al puente de la calle Nerbioi de Etxebarri. En la segunda altura del mismo ha vivido arrendada desde el año 1945 la familia Lujua, primero los padres y después dos de las hijas. Las hermanas regentaban además el bar La Frontera en los bajos del edificio y, como en el caso de su vivienda, pagaban por el alquiler del local a los dueños del inmueble. Tras algunas diferencias con los propietarios en torno a una subida que consideraban desproporcionada del alquiler, en abril de 2010 se trasladó al segundo piso del edificio una familia de etnia gitana. Según ratifica esta última sentencia, es a partir de este momento cuando empieza a producirse esta situación de acoso inmobiliario por parte de esta familia, “inducida” por los propietarios.

La resolución judicial ratificada ahora señala que dos de los condenados, Roberto L. y su hijo Iñigo, contactaron con una familia de etnia gitana para permitirles habitar el segundo piso de un edificio de su propiedad para que “llevaran a cabo una serie de hostigamientos hacia las hermanas” que pagaban renta antigua. La sentencia también condena a tres de los nueve miembros de la familia, Cipriano S., Dolores F. y su hija mayor Sara S., ya que el resto eran menores de edad.

El acoso se prolongó hasta que en septiembre de 2012, con el caso judicializado, esta familia abandonó la casa. “Nos han quitado años de vida, pero gracias al apoyo del municipio no han podido echarnos”, señaló ayer Mariasun Lujua. – A.Goyoaga