La plataforma de afectados por los pagos indebidos de Lanbide, ha propuesto en el Parlamento vasco la fragmentación de las cuotas para devolver todo el dinero que recibieron de más debido a errores administrativos del organismo central del Sistema vasco de Protección Social. La portavoz, Vicky Molina, ha criticado primero con dureza a los gestores de Lanbide, y a renglón seguido ha propuesto una modificación de la ley que les permita devolver el dinero que les ingresaron de más, en cuantías de 30 euros mensuales, y no del 30% de la percepción mensual como especifica ahora la ley y es la práctica habitual.

En total fueron “86.000 familias precisa la plataforma”, que recibieron ingresos de más de entre 500 euros, y casos extremos de varios miles de euros. Según ha dicho la portavoz de la plataforma los afectados fueron comunicando mes a mes que estaban recibiendo dinero de más “y se nos decía que guardáramos una deuda que en algunos casos ha superado los 16.000 y los 18.000 euros”, ha puntualizado. Los perceptores de ayudas sociales adeudan a Lanbide 86,3 millones en concepto de pagos indebidos tanto de la renta de garantía de ingresos – el salario social para quienes no tienen recursos o para aquellos con rentas bajas – como de los complementos de vivienda – 250 euros mensuales para el alquiler – ."Esto no es un fraude esto es una mala gestión. No somos defraudadores ha criticado Molina.

Según la actual legislación las cantidades a reintegrar no pueden rebasar el 30% de los ingresos, pero ese 30% es, según los perceptores de la RGI, la diferencia entre poder comer y encender la calefacción, a ser pobres energéticamente hablando, o a mal comer. Según ha explicado la plataforma Lanbide descuenta el máximo, el 30% de cada pago mensual hasta saldar la deuda. “Proponemos un sencillo cambio legislativo para evitar el problema de liquidez. Proponemos modificar ley 18 de 2008, en su artículo 55 para introducir una cuota social de devolución que regule la devolución aplazada de los pagos a través de una cuota de 30 euros mensuales, siempre que los servicios de base recomendarán la cuota social”, ha dicho la portavoz.

Lanbide envió primero 10.000 cartas que precisaban las cantidades que debían de ser reintegradas. “Fue un envío masivo, y esto produjo desazón y miedo y además se vinculó con el fraude”, ha criticado Belén Arrondo, de EH Bildu, “y con este procedimiento se ha estigmatizado a muchas familias. Ha habido pagos indebidos pero no fraude”. “Todavía a fecha de hoy nadie se ha puesto en contacto con nosotros, somos 86.000 familias y no sabemos ni como ni cuando se nos ha generado esta deuda. Insisto no sabemos ni como ni cuándo ni porqué se nos ha pagado de más cuando hemos dado todos los documentos para acreditar”, ha explicado Molina. “No somos defraudadores y ninguno de nosotros tenemos tarjetas black, ni nos han amnistiado por el dinero negro. Los defraudadores son los ricos, los pobres somos tan pobres que no tenemos ni ganas de defraudar. Garbanzos negros hay en todas partes, pero en España la mayoría de los que están defraudando no llevan turbante”, ha dicho. 

En su opinión lo que sí es una mala práctica es la xenofobia, y propiciar que la gente se pegue en la calle. Solo el 20% somos extranjeros, la gente ese está pegando en las calles porque tú eres extranjero y yo no, y eso si es una mala práctica", ha finalizado.