DESDE que hace ya unos meses Javier Maroto, alcalde de Gasteiz, decidiera abrir una polémica artificial a cuenta de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y su cobro, a su entender de manera irregular o incluso fraudulenta, por parte de determinados colectivos de inmigrantes – entre los que señaló muy directamente a los magrebíes – , la manipulación de algunos datos, la tergiversación interesada y la utilización torticera de los contados casos de abusos ciertos pero en ningún caso generalizados han dado paso a un falso debate en el que, a falta de argumentos ciertos, se ha intentado falsear la realidad y, sobre todo, los datos.

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