sorlada – El concejal de Sorlada José Luis Irisarri ha pedido la celebración de un pleno extraordinario tras conocer, a través del INE, que para las elecciones hay 26 ciudadanos extranjeros empadronados con derecho a voto, dato que llama la atención en un municipio que en 2006 tenía apenas 40 vecinos. Y es que, como se recordará, la polémica en cuanto a empadronamientos se remonta a los meses previos a las elecciones de 2007.

En la petición del también exalcalde pide incluir en el orden del día cinco puntos: que el alcalde informe sobre la última revisión del padrón y las variaciones mensuales; que se le permita acceder al padrón; que se informe de las pruebas de control de residencia de estas personas realizadas por el alcalde (“en qué consistieron y fechas”); que se verifique la residencia habitual de los extranjeros empadronados por personal externo (Guardia Civil, Policía Foral…); y que se dé de baja a quienes no consten como residentes.

Esta solicitud está sustentada en un informe en el que se recuerda que es un “derecho fundamental” de los concejales, “en cuanto a cargo público, la función del control del poder político y, como presupuesto para un ejercicio responsable de ese control, debe recabar la información necesaria”. Por ello, la vulneración de ese derecho fundamental “conlleva la nulidad de pleno derecho de todo lo actuado por el alcalde”.

Además, añade que corresponde al alcalde mantener actualizado el padrón, “de modo que los datos contenidos concuerden con la realidad” y que debe mandarse al INE información de forma regular. También, que corresponde a los ayuntamientos “realizar sistemáticamente operaciones de muestreo y control, que deberán acentuarse en aquellos sectores susceptibles de una mayor movilidad”.

Según Irisarri, la gestión del padrón por parte del alcalde, Joaquín Lana, es “absolutamente opaca, porque no le interesa”. “Nunca se ha informado al Pleno de esa gestión, impidiendo su control y vulnerando, en mi opinión, el derecho fundamental, de amparo constitucional, de los concejales”.

En su opinión, no informa porque “nadie ve que residan en el pueblo 26 extranjeros y además en una casa pequeña, de 53 metros cuadrados por planta. Y, además, sabe que no comunicando sus actualizaciones en los plenos no se pueden impugnar”, denuncia el concejal, quien ve claros intereses electorales en todo esto.

Una opinión que está “fundada”, asegura. “¿Por qué en vísperas de las elecciones de 2007 se empadronan en una población de 40 vecinos 15 ciudadanos rumanos, todos relacionados con dos empleados de una granja porcina propiedad del que luego fue elegido alcalde?”, se pregunta Irisarri, añadiendo que además “los empadronó en una casa suya”.

Y continúa: “¿Por qué en la legislatura 2007 – 2011 estos ciudadanos utilizan en los plenos el voto delegado si residían en Sorlada?” Además, apunta a que gracias a esos votos el alcalde se puso un sueldo por primera vez en la historia del municipio y logró “legalizar una macrogranja porcina con dos balsas de purín al aire libre tocando al pueblo” y que los accesos a la granja se hicieran “con cargo al Ayuntamiento”.

Finalmente, anuncia que va a recurrir una resolución de 19 de febrero, del alcalde, por la que este se negaba a acceder a las pruebas de control de la residencia de extranjeros que había pedido Irisarri argumentando que no eran necesarias porque no se piden para el resto de ciudadanos no extranjeros. “No nos hemos opuesto nunca a que haya extranjeros que legítimamente se empadronen donde quieran, lo defendemos absolutamente. A lo que nos oponemos es a otra cosa y la verdad va a salir”, dice.

el alcalde está “harto” Por su parte, el alcalde, Joaquín Lana, explicó ayer que en próximos días se celebrará la sesión y se ofrecerá la información solicitada, aunque añadió que está ya “harto” de las acusaciones contra su persona y defendió que los empadronados son ciudadanos que sí viven regularmente allí. “Hay gente que igual se va unas semanas a su país o fuera, pero luego vuelve, y yo no soy nadie para desempadronarles. Igual que hay mucha gente, digamos nacionales, que apenas viene una semana al pueblo en todo el año porque viven en Pamplona o en otro sitio y también están empadronados. Pero de esa gente no dicen nada”.

Además, señaló que en 2014 sí dio de baja a cinco personas del padrón “porque dijeron que ya no iban a venir más”, y añadió que algunas de estas personas están en contacto con SOS Racismo porque “están cansadas de siempre lo mismo, y de que se vaya contra los extranjeros, de que haya ciudadanos de primera y de segunda”.