El alcalde de Vitoria, Javier Maroto, ha reclamado este lunes “disculpas públicas” de aquellos que le han difamado a raíz de sus declaraciones acerca de los magrebíes y su supuesto desinterés en integrarse en Euskadi, pero el colectivo que le llevó a los tribunales por estas palabras, SOS Racismo de Álava, ha anunciado que lejos de hacerlo se querellará de nuevo contra el regidor. Este lunes, el fiscal jefe del País Vasco, Juan Calparsoro, ha archivado el caso contra Maroto con el argumento de que sus palabras están protegidas por el derecho a la libertad de expresión, aún mayor cuando quien lo ejerce es un representante público como Maroto en su calidad de miembro electo del Parlametno vasco.

Maroto ha señalado que, tras esta decisión de la Fiscalía Superior del País Vasco de archivar la denuncia, se ve “legitimado” para mejorar el sistema de ayudas sociales y ha considerado “de justicia” que quienes le han “difamado” se disculpen. En declaraciones a los medios informativos, el regidor vitoriano ha subrayado que la “justicia ha decidido que nunca hubo incitación al odio” en sus palabras, “claro que no”, y ha remarcado que su deseo siempre ha sido “mejorar el sistema de ayudas sociales”.

Tras conocerse la decisión de la Fiscalía de archivar la denuncia de SOS Racismo por considerar que las manifestaciones del alcalde sobre que las personas magrebíes se realizaron “en el ejercicio de su libertad a expresar y a difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones”, Maroto ha considerado que es “de justicia que todos los que han estado difamándome me pidan disculpas”. “A mí y a todos los que piensan como yo, de una forma pública”, ha señalado. En este sentido, ha remarcado que “solo queremos mejorar el sistema de ayudas sociales” y ahora, después de esta decisión, “con mucha más legitimidad”.

SOS Racismo, por su parte, ha anunciado que presentará probablemente la próxima semana una nueva denuncia en el Juzgado el mismo hecho archivado por la fiscalía, es decir, sus consideraciones acerca del colectivo magrebí y su supuesto abuso de las ayuda sociales.

Según ha insistido su portavoz, Fede García, Calparsoro “nos lo dice claramente en el decreto en el cual archiva las diligencias de investigación”, dado que señala expresamente que “la causa no está clausurada en el sentido de impedir que prosigamos por la vía ordinaria, como lo hemos hecho con Javier de Andrés”, ha apuntado.

Asimismo, ha explicado que el escrito, “lo que viene a decir es que la diferencia entre odio e injuria es muy delicada” y, en este caso, “si es una conducta que se puede calificar de odiosa si es punible, pero si son injurias no viene a decir que tenemos la vía ordinaria para encausarle, dirigiendo la misma denuncia hacia los tribunales ordinarios”.