Con chaleco acolchado y la bandera
de Vitoria de quita y pon –los
servicios de protocolo la colocan
sólo en las comparecencias del alcalde–
Javier Maroto instó ayer a
sus antagonistas políticos a trasladarle
sus disculpas después de
que el fiscal jefe del País Vasco
Juan Calparsoro constatara en su
informe que sus comentarios sobre
el cobro de ayudas sociales
por determinados colectivos de
inmigrantes no constituyen un
delito de «incitación al odio». El
alcalde de Vitoria que durante su
tiempo libre abandera la plataforma
Ayudas más Justas que reclama
una modificación del actual
sistema de ayudas sociales interpretó
el informe del fiscal como
un reforzamiento de la «legitimidad
» de quienes exigen modificar
las condiciones y los mecanismos
de control de la Renta de Garantía
de Ingresos (RGI).
«Todos los que me han difamado
deberían perdir disculpas a mí
y a todos los que piensan como
yo. Ahora tenemos más legitimidad
en la propuesta de reforma»,
señaló ayer Maroto en sus primeras
palabras tras conocer el informe
realizado por el fiscal superior
del País Vasco Juan Calparsoro en
el que determinaba el archivo de
las diligencias realizadas tras la
denuncia de SOS Racismo contra
el alcalde de Vitoria. La decisión
de Calparsoro se fundamenta en
considerar que las manifestaciones
de Maroto se encuentran amparadas
en el derecho constitucional
de libertad de expresión. Un
argumento que no comparten desde
SOS Racismo que ayer mismo
ya adelantaron su intención de demandar
ante un Juzgado a Maroto
por sus declaraciones.
Calparsoro recalcó en su escrito
que las declaraciones denunciadas
por SOS Racismo se encuetnran
amparadas en la libertad
de expresión y en la libertad ideológica
reconocidas en dos artículos
de la Constitución española y
recordó que Maroto es miembro
del Parlamento Vasco. Calparsoro
advirtió de que en la «colisión» entre
las libertades de expresión y
participación política y las obligaciones
con derivadas penales hay
que acreditar «con suficiente claridad
» el carácter ilícito de la acción
denunciada. Una circunstancia
que no se daría en el procedimiento
iniciado por SOS Racismo
ante la Fiscalía del Tribunal Superior
de Justicia del País Vasco.
El fiscal superior del País Vasco
defendió el criterio que emana del
Tribunal Europeo de Derechos
Humanos que determina que acota
los límites para actuar contra la
libertad de expresión incluso
cuando sea utilizada para difundir
ideas que «ofenden, escandalizan
o molestan». «No siempre es fácil
distinguir entre aquellas ofensas
que constituyen lenguaje de odio y
aquellas otras que son solamente
‘ofensas gratuitas’», indicó Calparsoro
en su escrito utilizando una
expresión recogida en los pronunciamientos
del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos.
El fiscal superior advierte, además,
que la condición de parlamentario
otorga una representación
pública a Maroto que no sólo
le confiere una mayor protección
a su libertad de expresión sino
que le obliga a «participar en el
debate político para conformar el
pluralismo político».