El alcalde de Vitoria y parlamentario
del PP, Javier Maroto, defenderá
en la Cámara vasca el control mediante
huellas dactilares de los ciudadanos
que acuden a Lanbide a
solicitar ayudas sociales al entender
que existen resquicios para colar
DNI o pasaportes falsos y cobrar
varias prestaciones a la vez. «Una
persona, una identidad; 100% garantía,
0% fraudes», adujo ayer en
rueda de prensa el dirigente popular,
que desde el pasado verano
abandera una campaña contra los
«abusos» en la renta de garantía de
ingresos y a favor de una modificación
de la normativa de acceso.
Maroto argumentó que «produce
sonrojo» que no se utilicen todos
los medios contra el fraude en la
renta de garantía de ingresos cuando
se ha conocido que hay una operación
abierta contra «paquistaníes
que cobraban hasta 10 prestaciones
a la vez» y que habrían defraudado
unos 400.000 euros, explicó en referencia
a un ciudadano con hasta
16 identidades distintas. El dirigente
del PP citó «informes policiales»
que apuntan a que estos casos conocidos
de picaresca sólo serían «la
punta del iceberg» y pidió poner las
nuevas tecnologías al servicio de la
Administración.
Actualmente, los datos oficiales
sitúan el fraude en 3,8 millones en
los años 2012, 2013 y 2014, cuando
las ayudas han sido gestionadas
desde las oficinas de empleo (antes
estaban en manos de ayuntamientos
y diputaciones). «Proponemos
que, para los casos en los se considere
necesario, se implante la utilización
de la huella digital como un
sistema efectivo de reconocimiento
de las personas. Una persona, una
identidad. 100% garantía, 0% fraudes
», remachó Maroto.
Esta propuesta, que se tramitará
mediante una proposición no de ley
en el Parlamento registrada ya la
pasada semana, se suma a la recogida
de firmas canalizada a través
de la plataforma Ayudas+Justas
para establecer mediante una iniciativa
legislativa popular (ILP) un
nuevo umbral de acceso a las prestaciones
sociales. Los cambios afectan
de lleno a los inmigrantes al
quedar fuera del sistema propuesto
los que no tengan permiso de residencia
o aquéllos con menos de
cinco años de empadronamiento
(ahora el límite está en tres).
Desde el Gobierno vasco, el portavoz
Josu Erkoreka pidió tiempo
para valorar con rigor la propuesta
porque «no se puede debatir a golpe
de rueda de prensa» y porque
«podría ser una ocurrencia». En todo
caso, fuentes de Lanbide insistieron
en que no se puede exigir al
servicio de empleo llegar adonde
las fuerzas de seguridad no llegan.
Desde la Ertzaintza, por su parte,
añadieron que en este momento no
está previsto el inicio de ningún
curso de formación para que el personal
de las oficinas de Lanbide sea
capaz de detectar pasaportes falsos.
«No nos consta que haya nada concreto
», apuntaron portavoces oficiales
en relación a las informaciones
publicadas en los últimos días.
Lo que sí está en marcha ya es
una oficina específica dentro de
Lanbide dedicada al fraude y a la
detección de pagos indebidos, que
se generan por las dificultades que
tiene la Administración para conocer
cambios en la situación laboral
o familiar de los perceptores, lo que
modifica las cuantías. Son 18 técnicos
que llevan ya unos meses trabajando
de manera provisional hasta
que la unidad se cree formalmente.